Ecologistas en Acción ha hecho público su malestar por el hecho de que la Ordenanza Reguladora de Actividades Ganaderas del Sector Primario de Daimiel relaje las exigencias ambientales que deben cumplir proyectos como la macrogranja de porcino que se quiere instalar en este municipio.
Alegaciones al borrador
En un comunicado de prensa, Ecologistas en Acción ha asegurado que han presentado alegaciones al borrador de este texto, con el que el ayuntamiento de Daimiel pretende “responder” a la demanda de la mayoría de la población que se opone a que sus recursos naturales estén supeditados al negocio de la producción de carne a escala industrial.
Los ecologistas, que se oponen a la futura instalación de una macrogranja de porcino, con 1.980 plazas de cebo, han lamentado que esta ordenanza haya sido sometida a consulta pública por el consistorio “de forma sigilosa, prescindiendo del soporte digital, informando a través de un bando en el tablón de edictos de la Casa Consistorial, lo que dificultó la participación ciudadana en la elaboración del anteproyecto”.
Resulta “esquiva”
Desde Ecologistas en Acción han criticado que, tal como está formulada la ordenanza en borrador, “resulta esquiva” con su propósito, al no establecer mayores restricciones que las que figuran en la normativa autonómica.
De esta forma, lo único que hace es ampliar a dos kilómetros la distancia de la instalación de las explotaciones ganaderas y núcleos zoológicos del núcleo urbano.
Aspectos normativos
Han advertido de que aspectos normativos fundamentales desde el punto de vista de la repercusión medioambiental no se concretan debidamente a efectos del desarrollo de la actividad, ni se exige un plan específico de gestión y vertido de purines con el fin de minimizar su efecto contaminante, ya que suponen “una amenaza al suministro y potabilidad de aguas para el consumo humano”.
Igualmente, consideran que la proximidad del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel y el complejo lagunar de su zona de influencia debería ser tenido en cuenta a la hora de establecer restricciones a los proyectos basados en la explotación ganadera intensiva.
Gestión de purines
En las alegaciones presentadas por Ecologistas en Acción se ofrece un desarrollo de la norma para que incorpore la regulación del tratamiento y gestión de purines y estiércol.
Además, se exige un plan detallado y específico, que incluya el almacenamiento, transporte, vertido y distribución en las fincas rústicas de labor, con el fin de prevenir, corregir, y en su caso sancionar, el impacto que dichas actividades representan, en materia de salud pública y contaminación medioambiental.
Capital social
Por otro lado, proponen que la empresa solicitante de licitación aporte capital social y contratos con aseguradoras, con el que cubrir la responsabilidad civil y asegurar la restauración del medio en caso de una ineficiente gestión, además de que se considere en la Ordenanza el régimen sancionador y de responsabilidades, en caso de que existieran.
Ecologistas en Acción ha terminado asegurando que sus propuestas no son “un imposible”, sino un ejemplo de la voluntad manifiesta que han mostrado otros ayuntamientos por “fijar las normas mínimas higiénico sanitarias y medioambientales que deben cumplir las actividades ganaderas”.
