Una vez recibido el visto bueno en el Pleno ordinario de marzo este lunes por la noche, el Ayuntamiento solicitará al Estado un anticipo de participación de los ingresos del Estado (PIE) por valor de 720.000 euros a devolver en ocho meses reduciendo el PIE mensual en 90.000 euros y sin ningún tipo de coste financiero. El acuerdo se adoptó por mayoría absoluta de los ediles del PP, PSOE e IU-GD.
Durante la sesión quedó explicado que, a pesar de la recuperación económica municipal, se vienen registrando “tensiones de liquidez” motivados principalmente por el importante intervalo de tiempo transcurrido entre la generación de los gastos derivados de los Servicios Sociales y los ingresos que provienen de los convenios sociales con la JCCM, además del impacto que ha tenido la subida del Salario Mínimo Interprofesional en los planes de empleo de la Junta que hasta el momento ha tenido que afrontar al 100% el Ayuntamiento, según expuso el concejal de Hacienda, Jesús David Sánchez de Pablo.
El edil, que confió en que a partir de mayo se resuelva el problema estructural vinculado con los convenios sociales, recordó que la cuantía de los servicios sociales prestados en Daimiel, sin tener en cuenta planes de empleo, superan los 3 millones de euros con los datos de 2017, de los cuales poco más de 1,7 millones correspondían al ejecutivo regional.
Los usuarios aportaron 350.000 euros. Y el resto, más de un millón de euros, los pagó el ayuntamiento de Daimiel. Una cantidad, explicó, “que no ha dejado de subir en esta Legislatura”. Este hecho supone pagar un millón de euros por “unas competencias impropias” y anticipar, en algunos casos, casi un año entero, lo que se traduce en cerca de otros 2 millones. Una situación “insostenible” que “hay que resolver”, reclamó Sánchez de Pablo, mientras justificaba así la solicitud al Ministerio de Hacienda con el anhelo de que se haga efectivo el adelanto en tres semanas, como ocurrió el año pasado.
8 años de recuperación económica
Sánchez de Pablo corroboró que, pese a la “complejidad de la liquidez” del Ayuntamiento, los datos presupuestarios son “muy positivos”. Del informe de seguimiento del Plan de Ajuste se desprende que el remanente de tesorería para gastos generales quedó corregido en ejercicios pasados, y que en 2018 se sitúa por encima de los 2 millones de euros.
En cuanto a la liquidación definitiva de EMUMASA, el concejal responsable de Hacienda y Promoción Económica, lamentó que no se haya formalizado el acuerdo alcanzado con Gicaman hace prácticamente un año; un hecho que permitiría extinguir definitivamente la empresa municipal daimieleña. La medida tendría impacto directo en el propio Ayuntamiento y en el perseguido desplome de su nivel de endeudamiento.
Asimismo, se dio cuenta del cumplimiento del principal apartado del plan de ajuste, como es la reducción del nivel de endeudamiento por debajo del 110%, tras siete años consecutivos con superávit.
El edil informó que, sobre la Liquidación Presupuestaria, el Ayuntamiento cumple la Estabilidad Presupuestaria, Regla de Gasto, periodo medio de pago a proveedores y nivel de endeudamiento; cumpliéndose, “salvo ligeras desviaciones”, la esencia del Plan Económico Financiero 2017-2018 y el Plan de Ajuste en vigor hasta el 2023.
Concretamente, los derechos reconocidos netos superan los 19.000.000 euros y las obligaciones reconocidas netas son superiores a 17.700.000 euros. El superávit supera los 1,5 millones de euros. Unas cifras que se traducen en un nivel de endeudamiento del 100,81 % y con EMUMASA del 108,11 %, con un remanente de tesorería para gastos generales de más de 2 millones de euros.
“Estos datos avalan la eficacia de los Presupuestos del año 2018 y, por tanto, serán las señas de identidad de los que plantearemos en Pleno el próximo lunes de cara a los presupuestos del ejercicio en curso”, planteó Sánchez de Pablo.
IU y PSOE consideraron “útil” votar estas medidas que contribuyen “al buen funcionamiento municipal”.
Preguntas
Se registraron hasta una quincena de cuestiones desde las formaciones de izquierdas, en su mayoría relacionadas con el mantenimiento de algunos puntos de la ciudad. Desde el PSOE se interesaron por el Plan Integral de Educación Vial con la mirada puesta en la regulación de patines eléctricos, asunto por el que Sierra se comprometió a emprender criterios con los correspondientes responsables técnicos de esta área municipal.
El alcalde daimieleño también expresó su postura sobre las últimas reivindicaciones de los profesionales de Atención Primaria, respondiendo así al concejal de IU-GD, Juan José Rodríguez de la Rubia. Leopoldo Sierra consideró “justas” las reivindicaciones de los médicos y “necesarias” para garantizar una calidad de atención del paciente.
Se preguntó por la desaparición de la consulta del Centro de Especialidades en la legislatura en ciernes, pese a ser una de las prestaciones decanas ininterrumpidas desde la apertura del CEDT-Daimiel. Un “deterioro” que, dijo, va en menoscabo de las mujeres de la comarca, al tiempo que reflexionó sobre la falta de sustitución de la Pediatra de ese mismo centro, cuyo cupo es de 1.200 niños, cuando está saliente de guardia. Situaciones que, comentó, “no pertenecen” a los afeados “recortes de Cospedal”, concluyó.
