“El tribunal no ha dicho no al deslinde, sino que, el que se quería hacer, no está bien”. Alberto Celis, historiador daimieleño experto en Las Tablas y miembro de la asociación Ojos del Guadiana Vivos, ha aclarado que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura sobre el proceso de apeo y deslinde que la Confederación Hidrográfica del Guadiana inició en mayo de 2016 en el tramo entre los molinos de Zuacorta y Molemocho no cierra la puerta a otro proceso que persiga el mismo objetivo. De hecho, en la propia sentencia, tras fundamentar las razones del fallo, se indica que la anulación del deslinde es “sin perjuicio de que la CHG proceda a realizar otro ajustado a derecho”.
Para Celis esta es la clave de una sentencia que, insiste, “no dice que las fincas afectadas sean privadas o públicas”. Eso se tendría que dilucidar en otro proceso porque la “inscripción registral no afecta necesariamente a su naturaleza de bienes públicos”.
Así las cosas, el historiador daimieleño pone el foco en la Confederación a la que responsabiliza del fracaso de este deslinde. “Es la principal culpable por no hacer un trabajo riguroso” como, recalca, ya se le advirtió en las alegaciones que se hicieron en su momento. “Es imposible que esto llegará a buen puerto tomando como base el caudal del Azuer”, explica. “La sentencia es inapelable” al desechar esos informes aportados por la Confederación, y esa es la razón por la que, según Celis, los abogados del Estado han descartado recurrir. “Han visto que este camino no había nada que hacer, la única salida viable es empezar otra vez de cero”, añade.
Celis recuerda que el “Guadiana es un río singular, que depende de las aguas subterráneas” y con una historia detrás que hay que conocer para determinar “su cauce y sus márgenes, y la Confederación no ha entrado ahí”. Por eso, invita al organismo a que “cuente con toda la documentación histórica, hidrológica y geológica que existe” si no quiere volver a sufrir otro revés en los tribunales.
