La consejera de Fomento, Elena de la Cruz, explicó este viernes que la resolución publicada por el Boletín Oficial del Estado (BOE) por la que se fijan nuevos plazos de ejecución de las infraestructuras pendientes en la tubería manchega es el resultado de una «imposición» por parte del Ministerio de Agricultura a la Junta de Comunidades.
A preguntas de los medios, De la Cruz aclaró que «la directora general del Agua del Ministerio no dio otra opción al Gobierno regional durante la reunión mantenida con la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha para continuar la construcción de esta infraestructura, que tal y como se concibió en origen permitiría a alrededor de 600.000 habitantes de 59 municipios de La Mancha obtener un máximo anual de 50 hectómetros cúbicos desde el Tajo para asegurar y mejorar los sistemas en funcionamiento de abastecimiento humano».
La consejera indicó que la prórroga de la inversión aparecida en el BOE se ha tenido «que firmar por imposición del Ministerio, porque la directora general del Agua nos dijo que eran lentejas». «O aprobábamos una dilación en el tiempo de la infraestructura o se suspendía la inversión», por lo que «ante esa tesitura, hemos firmado un convenio que lo que hace es dilatar la construcción de esa infraestructura».
La consejera añadió que «no creemos que sea lo deseable», precisando que «ante la tesitura de que no se ejecutase o se tardase alguna anualidad más en concluirla, lo hemos firmado».
El nuevo calendario impuesto por el Gobierno de España prorroga hasta el año 2020 las infraestructuras pendientes de construcción con un reajuste de las anualidades vigentes hasta ahora.
