De Lara espera que no se tengan que devolver los servicios sociales a la Junta

lara discapacitados

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Pide al Gobierno regional información sobre si va a haber cambios en los convenios con los centros ocupacionales

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Nemesio de Lara, reclamó ayer que los servicios sociales básicos y especializados sean los últimos que se vean afectados por recortes presupuestarios y sean prioritarios frente a otro tipo de inversiones, al tiempo que solicitó que la Junta informe si se van a ver afectados los convenios con los centros ocupacionales para el próximo año, de manera que puedan valorar qué deben hacer y si han de reestructurar los servicios.
De Lara expuso que el Centro Ocupacional de La Solana no ha recibido “ni un sólo euro” del convenio de 2011 y los trabajadores aún no han cobrado el mes de octubre. “Siendo insostenible” esa situación, su preocupación también reside en que a primeros de diciembre “aún no tengamos la información de cómo van a ser revisados” los convenios para los centros ocupacionales y otros centros de servicios sociales y especializados.
A su juicio, si se producen recortes habrá varias alternativas. Una, que en el centro ocupacional se convoque a la plantilla de trabajadores y “decida con la dirección del centro a qué trabajadores se despiden y de qué parte de los servicios se prescinden”, mientras que otra alternativa es que “todos los trabajadores asuman consensuadamente con sus asesores sindicales que los que están a jornada completa pasen a tiempo parcial”, lo que implicaría reducir los horarios de atención a los usuarios de los centros, expuso De Lara, que indicó que también podría ocurrir que los ayuntamientos devolvieran a la Junta de Comunidades la “encomienda” de la gestión de los servicios sociales, una competencia del Gobierno autónomo que ejecutan los consistorios.
A este respecto, indicó que los ayuntamientos podrían plantear que si no pueden pagar la parte que deje de abonar la Junta digan a los usuarios si estarían dispuestos a pagar lo que no paga la Junta. Si los usuarios no pueden o no quieren y el Ayuntamiento no puede, porque la situación es “límite”, podrían notificar a la Junta que por sí misma se encargue de gestionar los servicios sociales.