Raúl P.S., exadministrativo del Ayuntamiento de Guadalmez (2001-2017) acusado de falsedad documental por dar de alta en la Seguridad Social en 2016 a tres conocidas (con una tiene un hijo, la otra es su expareja y la tercera es la hermana de su ex), que no trabajaban para el Consistorio, ha reconocido en el juicio que lo hizo, pero que “fue un error”.
“Agobiado” con el sistema informático
El acusado, con problemas de ludopatía y adicción a las drogas, según ha explicado al tribunal (su abogada ha aportado documentación sobre sus tratamientos), afirma que “se le fue la cabeza”, y que esa época “estaba agobiado” con el sistema informático.
Mantiene que ni él ni las tres mujeres, con las que ha compartido banquillo este martes en la Audiencia de Ciudad Real, se han beneficiado de esto (no cobraron ninguna nómina, aunque estaban en el listado de empleados), y que en dos de los casos metió esos datos probando el sistema en el que estaba autorizado a dar altas y bajas de empleados municipales, y en el otro caso, el de la madre su hijo, fueron cuatro días y en cuanto se percató que estaba mal lo corrigió.
El imputado, también investigado en la trama ‘Comares’ de presunta malversación de dinero público a cuentas propias que se instruye en el juzgado de Almadén, por una denuncia de 2018 del Ayuntamiento de Guadalmez, ha insistido: “Fue un error mío total, cuando accedí a la Red de la Seguridad Social lo hice con la condición de que me supervisaran”.
El fiscal retira la acusación de las tres mujeres
Por estas altas, de tres meses en dos de los casos, y de cuatro días, ninguna de las mujeres ha percibido subsidios u otros beneficios por desempleo, tampoco ha quedado claro en el juicio el móvil del asunto, por lo que el fiscal jefe provincial Luis Huete ha decidido retirar la acusación por falsedad documental para las tres, aunque la mantiene para Raúl P.S.
4 y ocho meses de cárcel para el exempleado municipal
En el caso del exadministrativo, apoderado en red para los trámites ante la Seguridad Social en el Ayuntamiento de Guadalmez en 2016 (cuando se descubrió el presunto fraude se puso la alcaldesa), la fiscalía no encuentra justificación de su proceder y lo considera culpable de falsedad documental, “estas altas son actas administrativas”. Además ha explicado que a efectos penales quien actúa con responsabilidades de funcionario público, debe tener la misma consideración que un funcionario.
Huete admite que por sus adicciones “las capacidades del acusado pudieron estar mínimamente limitadas”, por lo que rebaja de cinco a cuatro años y ocho meses de prisión la solicitud de condena por falsedad de documento oficial, y la pena de multa de veinte a dieciséis meses con cuota de doce euros.
El abogado del Estado acusa a los cuatro
El abogado del Estado que ejerce la acusación en nombre de la Tesorería de la Seguridad Social mantiene sin embargo la acusación de delito de falsedad en documento oficial para los cuatro, solo que pide 4 años de prisión para Raúl P.S. y dos años para cada una de las tres mujeres, que se han declarado ajenas a cualquier movimiento del acusado. En esa época ni vivía en Guadalmez, y solo una de ellas había trabajado anteriormente para el Ayuntamiento en la ayuda a domicilio y en otra contratación temporal.
El juicio ha quedado visto para sentencia ante la sección primera de la Audiencia Provincial.
