J. Y.
Ciudad Real
CSIF fue el primero en denunciar este jueves la sobrecarga de trabajo que vienen soportando desde hace varios años los colectivos profesionales de las oficinas comarcales agrarias (veterinarios, ingenieros técnicos, agentes medioambientales, administrativos, auxiliares y encargados agrarios) de la provincia y la región, por los recortes en personal de sus diferentes plantillas.
Santiago Molina, presidente de la Junta de Personal de Funcionarios por CSIF, aseguró que “la cobertura de vacantes ha desaparecido”, fruto de la amortización de plazas por jubilaciones, y la no cobertura de otras vacantes.
“Crearon una oficina virtual para la realización de trámites por internet (por parte de agricultores y ganaderos), aunque ha dejado de funcionar porque hay fallos, y lo que iba a ser más cómodo ha supuesto una sobrecarga de trabajo”, explicó.
Molina sostuvo que esta situación que vive el personal público de la red de oficinas del ámbito rural (en la provincia hay once oficinas y media docena de unidades técnicas), supone que se haya multiplicado su trabajo diario.
“A las labores normales de tramitación, de control, o inspección, se suman en los últimos tiempos el trabajo en temas ganaderos y agrarios ante la aparición de epizootías como la lengua azul, el incremento de expedientes en permisos de arranque y replantación de viñedo o de las inspecciones de campo por las primas agrícolas y ganaderas relacionadas con la Política Agrícola Común (PAC)”, agregó Molina, que también denunció la desaparición de convenios con empresas como Tragsa o Seicaman, “que realizaban tareas como saneamientos ganaderos, control de la tuberculosis o inspecciones de vehículos de transporte, y que ahora recaen en los servicios veterinarios y agrarios”.
Este portavoz puso de manifiesto los recortes en las oficinas de Manzanares, Almadén y Almodóvar, donde “están bajo mínimos”, la de Horcajo de los Montes “prácticamente ha sido desmantelada” y los agricultores y ganaderos tienen que ir a Piedrabuena, y en la de Calzada “no se cubre una baja prolongada”.
Molina señaló que estas necesidades han sido trasladadas a la Consejería de Agricultura, cuyos jefes intermedios “han pedido que se cubran con informes y argumentos”, aunque “Hacienda dice que no hay dinero”.
Sin reposición
Raimundo Murillo, secretario provincial de la FSP de UGT también se sumó a estas críticas sobre la reducción de plantillas en las oficinas agrarias. “Llevamos años sin tasa de reposición”, y los interinos “se han eliminado” en este y otros servicios, a pesar de la sentencia que obliga a readmitir a 400 de loas más de 2.000 que fueron despedidos en toda la región en agosto de 2012.
Murillo dijo que estas plazas “antes se acordaban en las mesas de negociación, pero en la actualidad no, porque la Junta aprueba lo que propone como si fuera la inquisición”.
Recortes
Celedonio Sánchez, secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios para la Ciudadanía de CCOO, se hizo, igualmente, eco de “los recortes en el plan de recursos humanos” en la red de oficinas comarcales agrarias, como resultado de una política “que está alejando a los agricultores y ganaderos de un servicio público”.
Ejemplo de esta falta de personal es la situación, dijo el también delegado en el comité de empresa de los servicios periféricos de Agricultura, en la unidad técnicas de Daimiel “con dos empleados para un montón de gestiones de la PAC, y de arranque de viñedo”, así como en la oficina agraria de Almodóvar, que encabeza la segunda comarca más grande de España, “se ha jubilado la persona que llevaba el registro único”.
Para Sánchez, el servicio que se ofrece “es precario y está alejando a los ciudadanos de la administración pública”.
