La primavera 2025 se presenta tensa en los juzgados de Ciudad Real y de toda España, a punto de acometer la mayor revolución organizativa en lo que va de siglo: la transformación de los juzgados unipersonales, dirigidos por un solo juez, en “órganos colegiados”, con varios jueces y una única oficina judicial común en la que tengan cabida todos los empleados públicos y negociados, en vez la situación actual de juzgados de instrucción y primera instancia individualizados.
Es la célebre ley de eficiencia procesal contra la que hicieron huelga en 2023 que vuelve con algunos cambios y mucha desazón en el conjunto de los sufridos empleados públicos de justicia.
Primera fase: cabeceras de comarca, agrupaciones y juzgados de paz
La ley establece que en los próximos meses, hasta el 1 de julio, se acometerá la primera fase de adaptación en los juzgados de cabecera de comarca, agrupaciones (con registros civiles) y juzgados de paz. Y todo “a coste cero”, lamentan los sindicatos, puesto que esta reforma no implica incremento de personal ni subsana las graves deficiencias en las plantillas o la discriminación de los funcionarios de los juzgados de Violencia sobre la Mujer, que no tienen competencias exclusivas y desde septiembre cargarán también con los asuntos de violencia sexual.
«Inquietud», la palabra que más repiten los sindicatos
Carmen Romero (STAJ), presidenta de la junta de personal de justicia en Ciudad Real, y Alfonso Sánchez, de CSIF, no ocultan la “inquietud” con la que se afronta esta revolución organizativa que llegará unos meses más tarde a los juzgados de Ciudad Real capital (hasta diciembre).
“Nos parece inviable que lo hagan sin negociar las RPTs [relación de puestos de trabajo] y sin incremento de plantillas”, dicen los sindicatos que lamentan que el Ministerio de Justicia les haya enviado un borrador “que rechazamos porque la relación de puestos de trabajo no es real”.
3.800 juzgados en 431
Como tantas reformas en justicia los sindicatos entienden que la ley que pretende transformar 3.800 juzgados unipersonales en España en 431 tribunales de instancia (tantos como partidos judiciales) se ha hecho sin manejar datos de población, personal asignado a esos juzgados y carga de trabajo.
La situación es especialmente preocupante en casos como el del juzgado único de Almagro, Almadén o Villanueva de los Infantes, que son partidos judiciales con juzgado único, incluida la Violencia sobre la Mujer.
“Que el ministro diga que duplicará el número de jueces especializados en violencia de género no significa mucho, a menos que el nombramiento de esos jueces implique la contratación de más empleados públicos”, insisten.
“En los juzgados únicos con que se dé de baja una persona se complica todo muchísimo”, asegura Sánchez
El «problema competencial»
La junta de personal habla también del “problema competencial” que se plantea, por ejemplo con la implantación de las intervenciones por videoconferencia en los juzgados de las cabeceras de comarca, “en la relación laboral no hay personal de auxilio judicial que haga videoconferencias, que tendrán que asumir el resto de cuerpos que tienen cada uno sus funciones”.
«Falta un diagnóstico real y correcto de la situación»
“Falta un diagnóstico real y correcto de la situación de los juzgados”, insiste Romero, que la semana pasada participó en una reunión con la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del ministerio, Esther Pérez Jerez, que vino a Ciudad Real para tratar de la implantación de los tribunales de instancia en los juzgados unipersonales de la capital y entrevistarse con los representantes de los operadores jurídicos. “De momento se están elaborando los protocolos de acoplamiento”, explica Romero.
Desde el sindicato Justicia y Progreso opinan que la reforma se precipita “se nos impone sin negociación previa”, “creemos que mejoras visibles no habrá a corto plazo y por muchas plazas de jueces que se creen sin funcionarios no mejoramos”, asegura Juan Pedro Gómez (JyP).
