José Díaz Mora, presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, explicó que el desarrollo del deslinde entre los molinos de Zuacorta y Molemocho hasta las Tablas de Daimiel, ahora en fase de ocupación, es la continuación de un procedimiento iniciado en los años 90 del pasado siglo y que retomaron hace dos años con la inscripción catastral.
“Como en todos los deslindes hay mucha problemática”, reconoció Díaz, que aseguró que el procedimiento administrativo “es garantista”.
“Tenemos el antecedente del Tribunal Supremo, hay informes técnicos y jurídicos, se ha dado audiencia a los afectados, han prsentado alegaciones y se ha estatificado el terreno”, señaló el presidente de la CHG.
Díaz defendió el dominio público hidráulico de los 13 kilómetros que quieren recuperar en la margen del Guadiana a su paso por Daimiel en un expediente que está creando “tensiones”, pero que está basado en criterios de valor medioambiental y con la finalidad de reducir las extracciones del acuífero en las inmediaciones del parque.
Al término de un proceso “de años, más que motivado y justificado”, incidió, la resolución final será a favor de la ejecución del dominio público, al margen del título de propiedad, un título que “dediden los jueces civiles”, y que en este caso ya cuenta con el respaldo de la sentencia del Supremo, por la que se devolvió al Estado la franja de los Ojos del Guadiana, que consideró como propiedad pública.
“Lo más problemático son las transformaciones físicas”, reiteró Díaz, que no duda de la buena fe de las sucesivas ventas pero que, en su opinión, a lo largo de los años “alguien se excedió en el avance de sus propiedades”.
Así, dijo entender la “defensa legítima de los intereses” de los particulares, si bien él mismo luchará “por hasta el último centímetro del dominio público”, que en estas tierras “siempre lo ha tenido” y que conlleva una ocupación sin compensación económica porque “no es una expropiación”.