J. Y. / ciudad Real
La defensa de dos de los tres acusados de usar de forma indiscriminada cebos envenenados y lazos sin freno en la finca El Chiriví, de Torrenueva, apuntaron este martes hacia terceras personas como autores de la muerte de varios animales por envenenamiento en el juicio que se siguió en el Juzgado de lo Penal número 2 de la capital y que quedó visto para sentencia. En una sesión maratoniana comparecieron los efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil que intervinieron en la retirada de los cebos y los lazos, además de los agentes medioambientales, los peritos toxicológicos y responsables de la Delegación provincial de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. Los tres procesados, el arrendatario cinegético y dos guardias de la finca, fueron acusados de los delitos de utilización de cebos envenenados y del de caza prohibida de animales en extinción en áreas protegidas, por los que la Fiscalía solicitó para cada uno dos años de cárcel y las dos acusaciones particulares -de la Junta de Comunidades y de la organización ecologista WWF- pidió tres años y 18 meses de multa, además de la inhabilitación especial para cazar y para ejercer como guarda forestal. De su lado, las tres defensas solicitaron a la sala la libre absolución, al entender que no tienen responsabilidades penales sobre los hechos enjuiciados, como es el uso de unos sistemas vetados para cazar predadores, y que en el caso enjuiciado, ocurrido en marzo de 2005, acabó con la muerte de dos jabalíes, dos zorros y un perro doméstico. En concreto, se descubrieron 130 cebos envenenados y más de 300 lazos sin freno, por lo que los responsables de la finca ya cumplieron la sanción administrativa impuesta por la Administración regional de dos años sin ejercicio en el coto. El arrendatario del mismo, J. Santaya, que en la actualidad sigue al frente de la gestión cinegética de la finca, se desvinculó en el juicio de estas prácticas ilegales, negó haber dado instrucciones a los guardias del cortijo para la instalación de las trampas (aunque las conocía “porque estaban en el camino, cerca de la casa”) y aseguró que él acudía a la finca junto con su padre de forma intermitente para que éste practicara la caza de la perdiz, coincidiendo con la veda de los primeros meses del año. No obstante, a preguntas de la fiscal, reconoció que el control de predadores y alimañas a través de estos sistemas influye en el aprovechamiento de la caza. Asimismo, este acusado declaró que J. M. Aldarias, el anterior guarda de la finca, les había amenazado porque prescindieron de sus servicios para contratar a A. Romero -también procesado-, e incluso les llegó a decir que “si se marchaba se hundiría el coto”. Por ello, en su testimonio, señaló “sin la menor duda” a terceras personas como autoras de una venganza al instalar masivamente cebos y lazos, con el fin de “dañar el coto”. De su lado, el entonces guarda de El Chiriví, A. Romero, también reiteró que “no es normal” la ingente cifra de cebos y lazos instalados, y dijo que sólo lo pudo hacer “alguien que quiere hacer daño”, teniendo en cuenta que tanto en la casa principal del cortijo como en la del guarda “hay animales, personas y niños”. De todas maneras, a pesar de la profusión de trampas en la finca, que está enclavado en una zona de alto valor ecológico, aseguró que no las vio, ni las instaló, ni recibió órdenes para ello, aunque su trabajo consistiera en vigilar los comederos y bebederos de perdices, y en controlar a los furtivos y a la población de alimañas. Sin embargo, cuando sucedieron los hechos reconoció en declaración ante el Seprona que el arrendatario le había encargado “controlar los bichos con lazos, trampas y un poco de carne” (aunque se negó a poner carne pues entendía que era con veneno), mientras que en un posterior careo solicitado por la Fiscalía, negó esta versión y afirmó que el arrendatario nunca le dio tales instrucciones. Romero también narró que tuvo una incidencia con el anterior guarda, al que sorprendió varias veces cazando sin permiso y, como consecuencia “me dijo que me iba a enterar”. Desconocía las prácticas Respecto al tercer acusado, F. Chinchilla, declaró no conocer dichas prácticas porque es un pastor jubilado, que entre septiembre de 2004 y febrero de 2005 realizó algunos servicios de vigilancia en la finca hasta que se incorporó Romero. En la sesión quedó patente que este procesado no conocía ni cómo se elaboran los cebos y los lazos, ni los alares donde se ubican, tan sólo “de ver”. También testificó que no recibió órdenes de nadie para instalar estos instrumentos. De su parte, los agentes del Seprona narraron cómo intervinieron los cebos y los lazos que tenían carne de chuleta de cordero, la misma que había en un frigorífico de la casa, donde también requisaron dos cubos con la misma sustancia que tenían los restos de los animales muertos, como así lo confirmó la perito que los examinó. Los agentes forestales explicaron cómo se activo el dispositivo el 3 de marzo cuando descubrieron en una “visita ordinaria” la presencia de numerosos lazos en una de las entradas a la finca. El dueño de la misma, J. Bustamante, negó tener mala relación con el arrendatario y dijo desconocer dichas prácticas ilegales, así como el anterior guarda, J.M. Aldarias, negó que vertiera amenazas contra los responsables del coto, así como sostuvo que cuando se fue retiró los lazos con freno permitidos.
