Dos familias de Pozuelo de Calatrava afectadas por una presunta estafa inmobiliaria en 2007 han sentado en el banquillo de la Audiencia Provincial a los presuntos responsables, doce años después. Se trata de un padre y un hijo, administradores de Construcción y Promoción Redonar en ese momento; y la exmujer de uno de ellos y su padre, administradores de otras dos sociedades Vitruvio Promoción Sostenible y Diseño Inmobiliario.
Los perjudicados, que perdieron una casa de su propiedad (en el caso de uno de ellos su vivienda habitual) y el solar que quedaría de la explanación del terreno, se sienten víctimas de una estafa, y piden seis años de cárcel para cada uno de los acusados, o alternativamente dos años y medio por apropiación indebida y alzamiento de bienes.
Engañados y estafados
“Me siento engañada, me siento estafada”, le ha explicado al tribunal una de las afectadas. Esta familia y su marido permutaron la parte baja de una casa de pueblo de Pozuelo a cambio de un local de obra futura.
Más grave es el caso de otro de los perjudicados, que permutó la que era la vivienda habitual de su familia a la promotora Redonar, a cambio de una vivienda nueva y varias plazas de garaje. Los promotores se comprometieron además a pagarle el alquiler de un piso mientras construían. Lo hicieron dos años, hasta 2009, el resto del tiempo hasta ahora tiene que afrontarlo por su cuenta con una pensión de 677 euros.
Piden 260.000 euros
José Luis Vallejo y Javier Panadero, los abogados que ejercen la acusación particular en representación los perjudicados, reclaman además una indemnización de unos 260.000 euros por el valor de la parte proporcional de la casa que permutaron, además de los gastos del alquiler desde 2009 y el daño moral.
Las acusaciones consideran que los cuatro acusados se pusieron de acuerdo para obtener el solar de estas personas y dedicarlo a otros gastos, interponiendo para ello una tercera sociedad que crean exprofeso, no para construir la promoción de viviendas de Pozuelo.
La fiscalía no acusa
No lo ve así la fiscalía que en este caso comparte las tesis de la defensa y considera que los acusados no tuvieron intención de engañar, ni propusieron una edificación inviable. “Existieron dificultades con el Plan de Ordenación Urbana y falta de financiación”, dice el escrito de conclusiones del fiscal.
El principal acusado, J.R.G., le ha explicado al tribunal que tenían previsto incorporar el solar de la vivienda de los denunciantes y otro que adquirió después su suegro, el antiguo cine de Pozuelo, a la construcción de la promoción inmobiliaria. “Sabíamos que no tendríamos problemas para construir, lo que no teníamos tan claro es qué tipo de construcción nos dejarían hacer. Presentamos un informe de viabilidad en el Ayuntamiento y nunca nos contestaron”.
Estallido de la burbuja inmobiliaria
Eso ocurrió en torno al año 2007, el año en el tocó techo el precio de la vivienda nueva en España. En 2008 estalló la burbuja inmobiliaria y se quedaron sin vías de financiación, pese a que habían hipotecado el solar de la permuta, que al final se lo quedó un banco.
Este acusado, que defiende su inocencia, asegura que pagó el alquiler de la familia que no tenía donde vivir el tiempo que pudo (unos dos años), y que desde entonces ha intentado mediar para que el banco construyera en el solar, sin éxito.
Las acusaciones no lo ven así, y creen que los promotores inmobiliarios, que sí sacaron adelante otra obra en Carrión, no tuvieron intención de cumplir desde el primer momento. Los perjudicados dicen que se enteraron por terceros de que no estaban construyendo y que en doce años ninguno de los socios de Redonar y las otras sociedades les ha dado explicaciones.
Las familias denunciantes contactaron con Redonar, la promotora de las viviendas, a través de un mediador inmobiliario de su confianza, “un chico serio del pueblo”, han explicado. Les convenció la operación y firmaron la permuta del solar, de común acuerdo, a cambio de un local o reconocimiento de 97.000 euros, en caso de que no se construyera (en uno de los casos). El matrimonio que entregó la que era su vivienda habitual negoció obtener a cambio otra nueva y varias plazas de garaje, más el pago del alquiler.
La permuta de la casa se firmó el 14 de marzo de 2007. Un día después los denunciados la gravaron con una hipoteca de 150.000 euros que no pagaron, por lo que el banco terminó embargando el inmueble, que sigue en pie en estado ruinoso.
