Los diputados nacionales del PP por Ciudad Real, Carmen Fúnez y Enrique Belda, han afirmado que durante 2024 el problema de la vivienda se ha convertido en “alarmante”, hasta en una provincia como la de Ciudad Real donde el precio de las viviendas está por debajo de la media nacional. Señalan que la falta de vivienda asequible ha adquirido magnitud de problema de Estado, y tanto es así que el pasado mes de junio llegó a ocupar el segundo lugar en el ránking de preocupaciones del CIS, y en la encuesta más reciente del organismo, de octubre de 2024, figura en el tercero. “Cuando Pedro Sánchez llegó al poder, la vivienda se hallaba en el puesto decimosexto de dicho índice”, han apostillado.
Denuncian que “la escasez de oferta ha empujado los precios hasta niveles inasumibles, lo que retrasa la emancipación de los jóvenes hasta los 30,4 años, cuatro años y un mes por encima de la media de la UE, una brecha que, lejos de tender a cerrarse, tiende a ampliarse, asfixia las economías familiares y lleva el desasosiego y la incertidumbre a nuestros mayores”. Así mismo, subrayan que el Banco de España estima que hasta 2025 serán necesarias más de 600.000 nuevas viviendas, cuando desde 2021 la producción anual se halla estancada en torno a las 90.000, esto es, menos de la mitad de los hogares que se crearon en 2023 (208.000) y un tercio de los 330.000 que, conforme a la proyección del INE, se crearán en 2024. Según explican, estos datos evidencian que la demanda insatisfecha crece año tras año, mermando la disponibilidad de vivienda y disparando aún más los precios.
Igualmente, aseguran que “desde mayo de 2023, la Ley de Vivienda, cuyos aspectos más lesivos son la intervención de los precios del alquiler y la inseguridad jurídica derivada del blindaje de la inquiocupación, ha empeorado las condiciones de acceso a la vivienda”.
Ante esta situación, indican que el objetivo del Partido Popular es que la vivienda asequible deje de ser un bien escaso, y para ello adoptará cuantas medidas sean necesarias, desde ceder suelo público para estimular la inversión a agilizar la tramitación de informes urbanísticos, promover la rehabilitación del parque de viviendas ya existente, dotar a los propietarios de seguridad jurídica o derogar los topes al alquiler y las declaraciones de zonas tensionadas.
Ley del suelo
De igual modo, consideran que la reforma de la ley del suelo es inaplazable para evitar que los tribunales sigan declarando la nulidad integral de planes urbanísticos debido a defectos de forma o a la falta de informes sectoriales. “Se trata de poner fin a los devastadores efectos que acarrean las nulidades de los planeamientos, empezando por la inseguridad jurídica que lastra la inversión en construcción y rehabilitación de viviendas. De hecho, desde el Partido Popular llevamos formulando propuestas en este sentido desde 2018, sin que el Gobierno haya atendido ninguna de ellas. Seis años en los que se ha agravado significativamente el problema, lo que ha convertido la necesidad de reformar la ley en un verdadero clamor”, insisten. Aseguran que urgen modificaciones de calado para erradicar el infierno burocrático que supone la actual tramitación urbanística, y que genera enormes problemas de ordenación territorial, lo que paraliza la actividad económica y dificulta aún más el acceso a la vivienda.
Advierten que esta situación no es ajena al “dogmatismo ideológico y la deriva radical” del Gobierno de Pedro Sánchez, que se plasma en líneas discursivas como el de la demonización de los propietarios y del sector inmobiliario en general, al que tanto el PSOE como el resto de la izquierda aluden con términos que evocan la semántica delincuencial: «especuladores», “ladrillazo», «fondos buitre», etc.
“Desde el Partido Popular hemos trabajado durante 2024 con el objetivo de elaborar una propuesta sólida, a la par que eficaz, hemos mantenido 37 reuniones con otros tantos agentes del sector de la vivienda y actores sociales: promotores, constructores, arquitectos, comercializadores, cooperativas, plataformas de afectados por la ocupación, asociaciones juveniles, comunidades autónomas, entidades locales (a través de la FEMP) y en todos ellos hemos encontrado un alto grado de concordancia en el diagnóstico, así como de disconformidad con las políticas actuales del Ministerio y de respaldo a las soluciones que planteamos”, han finalizado.
