El agua buscará el consenso en la nueva ley que podría ver la luz este 2020

Julia Yébenes Ciudad Real

Francisco Martínez Arroyo celebra que en la consejería que dirige se haya incorporado el agua como parte de su nomenclatura en la actual legislatura. Este recurso “es el eje de todas las políticas” del departamento de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural que encabeza en Castilla-La Mancha, que representa a los potentes sectores primario -8,2% del PIB- y agroalimentario -15% del PIB-. En una entrevista a lanzadigital, Martínez Arroyo desgrana parte de los ejes de un mandato que se inició con la aprobación del Estatuto de la Mujer Rural de Castilla-La Mancha, y que seguirá marcado por importantes normativas como las leyes de Aguas, Vino y Desarrollo Rural Territorial y Contra el Despoblamiento, esta última con un enfoque territorial para priorizar las zonas en crisis demográfica y con menos oportunidades. Así, agua, desarrollo rural, la nueva PAC y la seguridad alimentaria son los retos en los que trabaja Arroyo y su equipo, ahora con más atención a los productores ante las protestas anunciadas para el próximo martes por falta de rentabilidad.

El agua, elemento escaso pero prioritario para la pervivencia de las personas, el sector agropecuario y la producción industrial, tiene gran protagonismo en las políticas castellano-manchegas.

Dirigidas por Martínez Arroyo, en esta legislatura se centrarán en “tres cuestiones fundamentales”: aprobar la Ley de Aguas –que tendrá como base las conclusiones de la Mesa regional del Agua que se abre este mismo 31 de enero en Albacete-, impulsar un ambicioso plan de depuración, con una inversión de 600 millones de euros, y promover un modelo “más solidario” (solo para consumo humano) en la gestión del trasvase Tajo-Segura, en paralelo al desarrollo de la tubería Manchega y la regularización de los 1.700 pozos pendientes en el Alto Guadiana.

En periodo de alegaciones, la Ley de Aguas está recibiendo aportaciones de “todo tipo” dentro de un proceso legislativo “muy avanzado” que podría culminar “con el apoyo de todas las fuerzas políticas” antes de terminar 2020. El objetivo es que tanto la mesa como la ley sirvan “para tener una posición unánime y firme en defensa de los intereses hídricos de Castilla-La Mancha”.

 

Arroyo habló de los ejes de las políticas de su departamento / Elena Rosa

Arroyo habló de los ejes de las políticas de su departamento / Elena Rosa

Francisco Martínez Arroyo/ Agricultura/ Elena Rosa

Nueva PAC: que se acabe el café para todos

La negociación de la futura Política Agrícola Común (PAC) Post-2020 en Europa será otro de los frentes de Arroyo, que tratará de atraer el favor del Ministerio de Agricultura hacia las posiciones de la Junta de Comunidades, y que se basan en mantener los fondos para agricultores y ganaderos profesionales, y en exigir el cumplimiento de acciones que contribuyan a la transición climática.

“La posición de Castilla-La Mancha está presentada ante la CE, recuerda Arroyo, desde hace dos años”, y contempla la priorización de las ayudas del primer pilar a los profesionales, frente al “café para todos” en el reparto. Las subvenciones a los agricultores a título principal es un “un concepto ya obsoleto”, y se enmarca “en un modelo discriminatorio en base a lo que se producía hace 20 años”, al igual que los derechos históricos que priorizaban las explotaciones de regadío frente a las de secano. Arroyo defiende el apoyo para “las explotaciones familiares que aplican un modelo empresarial, invierten dinero, crean empleo, y son rentables y competitivas”.

Así, “frente a la negociación que hizo el Partido Popular”, el Gobierno autonómico propiciará entre los requerimientos de la posición nacional “un modelo de mayor convergencia, para que las ayudas sean más justas para los agricultores de Castilla La Mancha”. “No puede ser que un olivicultor del Valle de Alcudia cobre menos que un olivicultor del Valle de los Pedroches”, sentencia.

En este marco, apuesta por la priorización del relevo general a través de las ayudas europeas, tal y como “hemos dado ejemplo” desde la región, con la incorporación de 2.660 jóvenes en la pasada legislatura, un “record” que seguirá presidiendo las políticas agrarias castellano-manchegas para contribuir al reto demográfico.

A juicio de Arroyo, es el momento de impulsar estos cambios por las “posiciones coincidentes del Ministerio”.

Respecto al denominado Acuerdo Verde Europeo o ‘Green Deal’, para alcanzar la neutralidad climática dentro de la PAC, señala que dará la oportunidad a al sector de luchar contra el cambio climático, a través de las líneas específicas de medio ambiente (pago verde), las ayudas agroambientales o la agricultura ecológica.

Discriminación fiscal positiva para el desarrollo rural

La Ley de Desarrollo Rural Territorial y Contra el Despoblamiento, actualmente en consulta pública, es otra de las normas que vertebrará Castilla-La Mancha dentro y fuera de los legajos.

Será una de las normas de legislatura, recuerda Martínez Arroyo, y plantea unos grandes objetivos para la redistribución de la inversión, el empleo, y la producción agroganadera.

Intentarán fomentar el emprendimiento en los entornos rurales / Lanza

Intentarán fomentar el emprendimiento en los entornos rurales / Lanza

Tendrá un carácter territorial que discriminará positivamente a las zonas más desfavorecidas y despobladas para favorecer así su crecimiento. “No es lo mismo, explica, hacer una inversión en la comarca de Montiel o el Valle de Alcudia que en la de La Mancha”, y por ello implantarán medidas para crear riqueza desde la agricultura y desde otros nichos como el turismo.

Rebajas en la fiscalidad y una financiación menos gravosa para las pequeñas poblaciones serán claves para promover el emprendimiento en pueblos como Almadén, aduce Arroyo, para quien es necesario garantizar los servicios que prestan los municipios más despoblados y alejados de los núcleos urbanos.

Esas medidas y otras como las bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social a quienes creen emprendan en esos ámbitos serán ejes de la Estrategia contra la Despoblación de Castilla-La Mancha, y por tanto favorecerán al ámbito agrario, un sector que “ya se ha adelantado” porque sigue creando empleo y sus trabajadores “tienen una nómina de profesionales”.

El nuevo Programa de Desarrollo Rural, que se aplicará en 2022, será otra de las herramientas de la consejería para dinamizar el campo, y tendrá un diseño participativo, al contar con los grupos de desarrollo rural, asociaciones agrarias, cooperativas, y otros agentes que trabajan en los pueblos.

El pistacho es valorado en la dieta mediterránea / Lanza

El pistacho es valorado en la dieta mediterránea / Lanza

Política de alimentación: el pistacho llega a la dieta mediterránea

La seguridad alimentaria, que en esa legislatura tiene rango de Dirección General (Alimentación) es otro de los ejes de las políticas agrícolas en Castilla-La Mancha, y se centrará en transmitir a los dos millones de habitantes de Castilla-La Mancha la calidad y gran seguridad de los productos que elaboran los 160.000 agricultores y ganaderos de la región.

Además de trabajar con los consumidores y los agentes de la cadena agroalimentaria para fortalecer equilibrios, también modificarán la Ley de Calidad Alimentaria.

“Hemos cumplido los hitos temporales que nos habíamos propuesto, con las denominaciones de origen y con la promoción de productos de calidad”, señala Francisco Martínez Arroyo, el consejero del ramo.

Arroyo también se siente muy orgulloso de presidir la Fundación de la Dieta Mediterránea, “una ventaja para Castilla La Mancha” porque, entre otros hitos, “hemos incorporado el pistacho en la pirámide de esta dieta” y “hemos reconocido a los mejores restaurantes de Castilla La Mancha como portadores y difusores de los valores que tiene”.

También con los productores han cumplido retos, como el acuerdo con la DOP Montes de Toledo para que incluyan el logotipo de la dieta mediterránea en los productos que exportan.

El aceite es el producto sumido en una gran crisis de precios / Clara Manzano

El aceite es el producto sumido en una gran crisis de precios / Clara Manzano

Crisis de precios

La agricultura y ganadería viven graves crisis de precios de manera continuada, especialmente el olivar tradicional y el aceite, hasta ahora sin solución, a pesar del almacenamiento privado que se activó en diciembre. Hay esperanza, pues aunque las dos primeras convocatorias apenas han tenido eco en el sector, la tercera, recién abierta, será más positiva, según el consejero de Agricultura castellano-manchego, Francisco Martínez Arroyo, pues permitirá retirar 149.630 toneladas de aceite de oliva, el 90,5% del volumen presentado.

“No debemos perder la oportunidad de aprovechar esta tercera licitación”, previo consenso de las condiciones entre el sector y la administración, y así poder “trasladar un mensaje contundente” al mercado para facilitar la recuperación de los precios. La valorización de la oferta se verá favorecida, además, por la reducidísima campaña de este año, con caídas de más del 50% en la región y un volumen nacional de sólo 500.000 toneladas de aceite.

Arroyo también aboga por una gestión comercial a través de potentes grupos que garanticen precios estables, alejados de los dientes de sierra. Sólo así, en su opinión, se fidelizará a los consumidores. “Cuando sube el valor del aceite, muchos clientes optan por otros productos alternativos, difíciles de recuperar después cuando el precio baja”.

Aranceles

Precisamente, el aceite es uno de los productos, junto al vino y el queso, gravado desde octubre con un alza de los aranceles de Estados Unidos.

Arroyo asegura que el queso manchego es el producto “con la repercusión más directa” porque allí venden una tercera parte de la facturación del sector con DO, unos 65 millones de euros anuales.

“Estamos trabajando con el Consejo Regulador en campañas de promoción en distintos ámbitos como en el metro de Madrid, con la que tenemos muchas expectativas”, así como han conseguido introducir el producto en los lineales de las principales empresas de España

En el caso del vino y el aceite, con menor nivel de comercialización en el mercado americano, “tendrán que seguir buscando mercados exteriores” y avanzar en las marcas de calidad y el embotellado, que genera, ha recordado, cuatro veces y media más de ingresos.

El vino, además, vivirá, según prevé Arroyo, una mejor temporada, tras vivir un mal 2019, con más volumen exportado desde Castilla-La Mancha y Ciudad Real, pero con menos facturación por sus bajos precios. “En los próximos meses cambiará la situación”, a tenor de la corta vendimia, con ocho millones de hectolitros menos en la región respecto a la campaña anterior.

La menor oferta se completará con las acciones promocionales del sector y la llegada del vino castellano manchego a mercados como Japón y Canadá, más rentables para los productores.

Previamente, la Junta ha puesto las bases con el Plan Estratégico del Sector Vitivinícola, con acciones que apuestan por la calidad en la viña, el pago diferenciado de la uva, la limitación del rendimiento productivo, la organización de cooperativas con mayor tamaño, la integración comercial, la promoción de las denominaciones de origen y el control de la trazabilidad.

Son cuestiones que contemplará la nueva Ley del Vino, en este momento en exposición pública, para así “exigir más calidad”.