Antonio G.R., condenado a 22 años y siete meses de cárcel por disparar a siete guardias civiles en Argamasilla de Calatrava, solo cumplirá doce años de la pena impuesta por la Audiencia Provincial, en caso de que se quede como está.
La liquidación de su condena, recogida en el artículo 77 del Código Penal, contempla que cumpla el triple de la pena más grave impuesta (en este caso por uno de los intentos de homicidio, cuatro años y once meses), lo que se traduce en doce años de prisión.
Doce es el máximo de una condena por cinco intentos de homicidio, uno de ellos en concurso con atentado a la autoridad, receptación y tenencia ilícita de armas, que suma 22 años y siete meses en total.
Mucha pena, va a recurrir
No obstante a sus 61 años doce años le siguen pareciendo mucha pena, y más cuando sostiene que disparó por miedo, no porque tuviese intención de matar a nadie, por lo que presentará recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, según ha confirmado su abogado Miguel López.
Disparó casi a bocajarro
La sentencia de la sección segunda, que se ha dictado cuatro días después de final del juicio que se celebró la semana pasada, considera probado que el 4 de agosto de 2016 Antonio G.R. disparó casi a bocajarro a una dotación de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) de la Guardia Civil de Ciudad Real que entró en su vivienda de Argamasilla de Calatrava para asegurar un registro en busca de armas (estaba enfrentado con otra familia de Puertollano por un conflicto familiar).
Dos tiros de escopeta
Pese a los gritos de “Guardia Civil” y “alto”, que repitieron los agentes, que entraron uniformados y con casco, el hombre cogió una escopeta (robada meses antes) y disparó dos tiros al grupo de guardias que avanzaban por el pasillo de la vivienda, desde el patio. Los tiros impactaron, aunque no con carácter grave, en cinco de ellos, pese a que el primer agente interviniente llevaba el escudo balístico reglamentario.
Repelieron la agresión desde las habitaciones
Algunos guardias cayeron al suelo y se refugiaron en las habitaciones anexas al pasillo desde la que repelieron la agresión, disparando con el acusado (lo hirieron levemente) que trató de huir por el tejado de una vivienda colindante en la que fue detenido.
En la casa estaba su mujer -condenada a cuatro meses por resistencia grave-, y otros familiares a los que hubo que desalojar hasta que se pudo garantizar el registro por parte de Policía Judicial: encontraron munición y otro rifle de origen robado.
Cinco de los siete agentes de la Usecic, personados en la causa como acusación particular y representados por la Asociación Unificada de la Guardia Civil (todos menos el alférez al que ha representado la Abogacía del Estado), sufrieron heridas por perdigones de los disparos y contusiones por la caída para repeler los tiros.
