El Ayuntamiento de Alcázar de San Juan ha ganado en primera instancia el litigio contencioso administrativo contra Aqualia, la empresa a la que rescindió el contrato por su participación en Aguas de Alcázar en septiembre de 2021, y que desde entonces reclama 9,6 millones de euros (casi diez con los intereses) en concepto de “lucro cesante”.
Ahora el juzgado de lo Contencioso Administrativo 2 de Ciudad Real rechaza el recurso de Aqualia, que exige indemnizaciones por el importe que ha dejado de percibir en estos años en los que ya no está en Aguas de Alcázar.
La sentencia todavía no es firme, cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, pero tanto el Ayuntamiento como su equipo jurídico, representado en el caso por Rodrigo Caballero, del bufete Caballero y Fuentes, están satisfechos con el fallo judicial.
Aqualia se incorporó como socio privado a Aguas de Alcázar en los años del polémico proceso de privatización que empezó en 2014, en la etapa de gobierno municipal del PP. El expediente que estuvo judicializado desde el principio, y dio pie a distintas declaraciones de nulidad de contrato. Aqualia salió en septiembre de 2021 de la gestión y planteó el litigio.
«No hay lucro cesante en un contrato nulo»
Lo que ha dicho la justicia es que no hay lucro cesante, “cuando un contrato administrativo se declara nulo no se debe conceder ningún tipo de indemnización por lucro cesante”, explica Caballero sobre los fundamentos de la sentencia.
El fallo también rechaza la pretensión de Aqualia de ser indemnizada por el “saber hacer” que aportó supuestamente a la gestión del agua en Aguas de Alcázar, “el Contencioso dice que esa transferencia no está probada ni alcanzaría ese valor exorbitado”, agrega el letrado.
Rosa Melchor, que se pronunció el lunes sobre la sentencia en un comunicado, insiste en que el Ayuntamiento “está totalmente convencido de que no hay una sola causa para indemnizar, sino que se les devolvió aquello que ellos habían pagado por hacerse con Aguas de Alcázar durante el proceso de privatización”.