Marta Romero
Alcázar de San Juan
A pesar que los puntos del orden del día del Pleno ordinario del mes de diciembre, celebrado en la tarde del lunes, a priori, no eran polémicos, que la sesión plenaria se celebraba el día de resaca electoral y previo a las fiestas navideñas y que se había convocado una hora antes que de costumbre, las seis de la tarde, el último Pleno del año se alargó durante cinco horas, siguiendo la tónica de los últimos años en Alcázar de San Juan. Un debate en el que el espíritu navideño brilló por su ausencia y en el que tampoco faltaron insultos, tensión y alusiones cruzadas.
En los últimos años viene siendo habitual que la duración de los Plenos del Ayuntamiento de Alcázar sea noticia, por encima de los contenidos y propuestas que se aprueban. Interminables sesiones plenarias en las que se habla más de los intereses y rencillas políticas de cada partido que de los asuntos que se llevan a debate y que son, realmente, los que al final repercuten positiva o negativamente sobre vecinos y vecinas.
El último Pleno del año volvió a ser una muestra más de esta actitud enquistada, a pesar que muchos de los ediles -del equipo de Gobierno y de la oposición, entre ellos cabe destacar la correcta intervención de Manuel de La Guía (PP)- intentaron que la situación no volviera a repetirse, tratando de romper con esta dinámica.
Sin embargo, el portavoz popular, Diego Ortega, nuevamente agotó completamente los tiempos y desvió el debate hacia el tradicional “y tú más” de los últimos tiempos, provocando que algún concejal socialista, como Ángel Rubén Arias, perdiera los nervios y, una vez más, el Salón de Plenos se asemejara más a un patio de colegio que a un foro de debate político. La alcaldesa intentó moderar la situación y los portavoces de Equo e IU, así como el edil socialista, Gonzalo Redondo, hicieron un llamamiento a la “normalización” para tratar de evitar que los Plenos se conviertan en sesiones maratonianas.
Asuntos aprobados
En cuanto a los asuntos aprobados, se desestimaron las alegaciones presentadas por el PP y las asumidas también por este grupo procedentes de la asociación Equo Alcázar Vecinal, contra el nuevo reglamento de la televisión local para la conformación de un Consejo consultivo. Pedían que este órgano tuviera mayor representación ciudadana -lo que según se expuso ya está contemplado, habiendo mayor número de asociaciones que de representantes políticos- que fuera “decisivo y vinculante”, no sólo consultivo- y que pudiera decidir sobre cuestiones como la finalidad de las partidas presupuestarias o la elección del director de este ente. También pedían que se creara la figura del defensor del tele-espectador.
Por el contrario, se admitió a curso una de las alegaciones presentadas por UGT relativa a la “inclusión de representantes sindicales” en el citado Consejo. El motivo argumentado desde el equipo de Gobierno para desestimar las alegaciones del PP es que “no lo permite la Ley de Bases del Régimen Local, al tratarse de un servicio municipal y no de un organismo autónomo”.
Otros asuntos aprobados fueron relativos a modificaciones presupuestarias y de crédito, factura electrónica, subvenciones para proyectos de cooperación internacional o las mociones presentadas por el PSOE para la reanudación del PEAG y la rehabilitación del Consorcio del Alto Guadiana con sede en Alcázar y la del PP relativa a la defensa de los pueblos del mundo rural que, tras la modificación de uno de los párrafos contó con el apoyo de todos los grupos.
