El Ayuntamiento de Almadén va a empezar a aplicar un Plan de Saneamiento Financiero a cinco años (2020-2024) para hacer frente a una deuda de 15 millones de cueros a cierre del ejercicio económico de 2018.
El plan fue aprobado en un Pleno municipal celebrado el pasado 12 de febrero y fue ratificado por unanimidad de los grupos presentes en el Consistorio: PSOE, 9 concejales, PP, 3 concejales y Almadén Sí Importa (ALSIM), 1 concejal.
Este Plan de Saneamiento Financiero se aplica después de que, en 2011 el Ayuntamiento se sumara al Plan de Pago a Proveedores y después de un importante deterioro de las cuentas municipales que se ha ido haciendo más importante a lo largo de los últimos mandatos.
La alcaldesa de Almadén, María del Carmen Montes, ha asegurado a Lanzadigital.com que la toma de medidas “no se podía retrasar más” y que esta ha sido la voluntad del actual equipo, que ya ha empezado a aplicar alguna de las medidas contempladas en el plan desde que accedieron al poder, en particular, las medidas de supresión de gastos innecesarios y superfluos.
El plan se ha negociado con el Ministerio de Hacienda –las cuentas del Ayuntamiento llevan bajo control de este departamento hace tiempo-, que ha dado el visto a las medidas que se quieren implementar. Esta situación hace que el Ayuntamiento no pueda acceder a créditos bancarios.
Otro punto de referencia del plan es la adhesión que se llevó a cabo en su día por el que el Ayuntamiento al Plan Integral Tributario del Servicio Provincial de Recaudación de la Diputación de Ciudad Real.
Este camino, ha dicho Montes, es el que quiere seguir el Ayuntamiento para subir los ingresos. La alcaldesa señala que los trabajos de este plan tributario han permitido detectar importantes bolsas de impuestos no declarados o declarados irregularmente.
Ello ha llevado a conocer que, por ejemplo, en al abono del recibo del consumo de agua el dinero no ingresado pueda haber llegado a los 200.000 euros. La primera edil ha recalcado que no tienen intención de subir impuestos, ya que considera que algunos, como el IBI, están al límite dada la situación socioeconómica del pueblo.
Estas medidas, si acaban dando resultado, permitirían que aumentaran los ingresos por tributos del Estado, ahora congelados al 50 por ciento de lo que le correspondería al pueblo, lo que está condicionado por la situación de las cuentas municipales, que, entre otras cosas, ha hecho que no se puedan nuevos Presupuestos municipales desde 2011, fecha de la adhesión al Plan de Proveedores.
Desde entonces, cuando las cuentas municipales superaron los 5,5 millones de euros, se han tenido que ir prorrogando sucesivamente esos Presupuestos municipales.
En la actualidad, por ese 50 por ciento de tributos del Estado, el Ayuntamiento recibe unos 22.500 euros al año, y la pretensión, en un primer paso, es poder llegar a recibir el 75 por ciento de los 45.000 euros totales que le corresponderían.
Reducción de gastos
Además de la eliminación de gastos innecesarios y superfluos, el Ayuntamiento procederá a la mejora del consumo energético de todas sus instalaciones, con la idea de mejorar la eficiencia y ahorrar en este concepto.
Así mismo, la Diputación de Ciudad Real ha aceptado hacerse cargo de la aportación municipal al SCSI, la localidad cuenta con parque de bomberos, lo que supondrá un ahorro de más de 34.000 euros. A ello se sumará una reducción de más de 38.0OO euros por la cuota al Consorcio RSU.
Por otro lado, se procederá a la externalización del servicio de guardería, con un coste anual de 100.000 euros, procediéndose, así mismo, a la concentración en ciertos edificios, como la Casa de Cultura, del Centro de la Mujer y algún oro servicio.
Garantizar servicios básicos
La alcaldesa, María del Carmen Montes, no quiere mirar atrás ni buscar responsabilidades en anteriores corporaciones de la situación actual del Ayuntamiento y, en este sentido, asume directamente que había que tomar decisiones y que se han tomado.
Reconoce que serán tiempos duros pero reitera que había que intentar darle una solución a los problemas económicos del Ayuntamiento, comprometiéndose a garantizar los servicios básicos para los ciudadanos, aunque reconoce que, para otros, “culturales, de otro tipo” tendrán que contar con la colaboración de instituciones como la Diputación para poder organizarlos.
