J. Y.
Ciudad Real
El Pleno del Ayuntamiento de Ciudad Real aprobó este jueves una rebaja de dos puntos en el tipo del Impuesto de Bienes Inmuebles para 2017, de 0,92 a 0,90, una rebaja lineal para los inmuebles residenciales pero sin otras bonificaciones para las familias más desfavorecidas como pretendía el grupo Ganemos, que presentó la moción, y que como alternativa propuso la revisión catastral de estos bienes para beneficiar a los que perciben ingresos mínimos.
Esta propuesta salió adelante con los votos a favor de los miembros del Equipo de Gobierno, y Jorge Fernández, que la defendió en nombre de Ganemos, pidió un un IBI diferenciado para favorecer a las familias con menos recursos pero al no ser asumible, según un informe de intervención, planteó ‘in voce’ imponer “el criterio de acción social” en la actualización del valor catastral para las viviendas.
El edil señaló que es una propuesta “económicamente sostenible con perspectiva social” dentro del principio de “redistribución de la riqueza que consagra la Constitución”.
La moción también contemplaba aplicar un IBI diferenciado a los inmuebles urbanos de empresas, entidades o administraciones que superen el valor catastral de 550.000 euros, como los de uso comercial, de ocio y hostelería e industriales con un valor de más de 700.000 euros, a los que se impondrá un tipo del 0,985% y del 1,135%, respectivamente.
Esta cuota se aplicaría igualmente a las oficinas con valor catastral de más de 800.000 euros; a los almacenes-estacionamiento de más de 550.000 y a los edificios sanitarios de más de 1,5 millones de euros.
Pedro Fernández, de Ciudadanos, calificó la propuesta de “catastrazo” porque gravaría, a su juicio, a empresas que “crean empleo y riqueza, a las que habría que dar facilidades”, mientras que el portavoz del grupo Municipal Popular, Miguel Ángel Rodríguez, la bautizó como “carmenada”, en alusión a la alcaldesa de Madrid por encabezar una moción similar. Para Rodríguez, la propuesta “es confiscatoria” dado que, según sus cálculos, los locales comerciales pasarían de 15.000 a 16.800 euros y los hoteles tendría una subida media del 29,54%, mientras que en el caso del Hospital rebasaría el millón de euros (ahora paga 800.000 euros).
“Es una verguenza”, sostuvo, y opinó que “estamos invitando a las empresas a que se vayan, cuando habría que mimarlas”. “Esas 72 sociedades se acordarán de ustedes el próximo año”, apostilló.
Equilibrada
De su lado, Nicolás Clavero, por parte del Equipo de Gobierno, respaldó la propuesta y consideró que “está equilibrada” porque “beneficia a todas las familias” en términos generales, y las grandes empresas “no se irán por 2.000 o 3.000 euros más”, así como incidió en que la subida afectará al 1% de inmuebles, mientras que el otro 99% “tendrá beneficios”. Sobre la revisión catastral se comprometió a “iniciar las gestiones”.
Los grupos de Ciudadanos y Partido Popular también presentaron mociones sobre el IBI, con rebajas generalizadas del 3% cada una, pero fueron rechazadas.
El edil de C’s apeló esta reducción “a la liquidez del Ayuntamiento por le pago atrado del IBI y por los ingresos de las subvenciones europeas”, mientras que Rodríguez, en nombre del PP, aseguró que su proposición era “ambiciosa, razonable y asumible”. Explicó que se compensaría “con la subida de las bases liquidables”, así como pidió en una segunda parte bonificaciones para las familias numerosas, en vistas a “fomentar la natalidad y la maternidad”.
Clavero respondió que esta petición sobrepasa la competencia del Ayuntamiento y que en el caso que estaban tratando de modificar las ordenanzas fiscales decidieron priorizar a las familias con menos recursos.
Rebaja del 3%
También fue rechazadala enmienda del Grupo Popular por la que pedía la bajada generalizada de las tasas en un 3%.
Rodríguez explicó que de 30 ordenanzas “se tocan diez y de estas, sólo siete tienen incidencia económica, por lo que modifican un 33%”.
Pidió “adecuar las tasas al IPC, que ha sido negativo y tiene que repercutir en los impuestos municipales, a excepción de la zona azul que tiene que tener un tratamiento específico”.
En otro momento el edil ‘popular’ defendió “que la bajada de impuestos es social y el único que los baja es el PP, porque el IBI estaba en el 0,98 y se quedó en el 0,92”.
Clavero echó en falta un estudio “de las incidencias” porque la reducción va ligada a una bajada de gastos en los presupuestos y “no es una propuesta compensada” y por tanto “no caeremos en la trampa”.
Jorge Fernández, de G’s, acusó a Rodríguez de hacer “un discurso demagógico cuando no gobiernan” y de favorecer “a los que más tienen”.
Pedro Fernández, de Ciudadanos, anunció su abstención porque “si apoyamos se quedan invalidadas las demás ordenanzas”.
También salió adelante una propuesta del PP, con el apoyo de Ganemos y Ciudanos, sobre bonificación del 95% en la revisión de licencias de los taxis adaptados a personas con dispacacidad y movilidad reducida, al igual que se dio luz verde a otra enmienda para bonificar a colectivos de discapacitados, parados y mujeres en la licencia de apertura de negocios, así como en el punto siguiente se aprobó la supresión propuesta por el Equipo de Gobierno de la tasa de licencia de apertura de establecimientos pequeños y medianos, con una superficie de hasta 300 metros cuadrados.
Caso de las luces
El presidente de la Comisión de Investigación que ha estudiado el alumbrado de la ciudad de la Navidad del año 2014, Francisco Fernández-Bravo, del Grupo de Ciudadanos, trasladó al Pleno las conclusiones que apuntan a que la ampliación de manera verbal por entonces la concejala de Festejos, Frasi López, del contrato de las luces por un coste añadido y no presupuestado de 30.000 euros fue “una negligencia”.
En el punto para dar cuenta al Pleno del informe final de la comisión, Fernández-Bravo contestó al PP que no se trata de “una caza de brujas, ni un acto inquisitorial o una persecución”, sino “de una investigación seria” de unos hechos ante los que “no vamos a mirar par otro lado” .
Javier Heredia de Ganemos, dijo que “·hemos dado un paso más” como es que “la responsable política de esta irregularidad es Rosa Romero, la entonces alcaldesa, y ahora “se tendrá que dirimir si hay consecuencias penales” si se presenta el caso, como pidieron, ante la Fiscalía.
El portavoz del PP, Miguel Ángel Rodríguez,aseguró que las conclusiones son fruto del trabajo del “tripartido pacto del Tinell” en una comisión “en laque también estábamos presente. Recordó que esta entidad se constituyó para estudiar otros casas como el camino de la Vereda de Moledores, el cual “ha sido desestimado por el juez” y eso no lo dicen.
En el caso de las luces aseguró que “no es un procedimiento irregular, sino una mediación para que la ciudad tuviera más luces y estuviera más bonita”.
También dijo que se había “hecho un circo” y que obedecía a “intereses partidistas” porque “no hay delito”, sino que todo obedece a una “obsesión con Romero, al igual que la tienen con el ministro Montoro” y estas obsesiones “se diagnostican y se medican”, ironizó.
Más tarde, en otro punto posterior se sometió a votación si el caso lo llevan a la Fiscalía para que se depuren responsabilidades, pero fue debatido después del cierre de esta edición.
