La portavoz del equipo de gobierno de Daimiel Lourdes Rodríguez de Guzmán se ha pronunciado este miércoles en rueda de prensa sobre el recurso que la empresa Aquona ha interpuesto ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales por la adjudicación del contrato de suministro de agua potable, alcantarillado y depuración a la empresa Aqualia por 65 millones de euros.
Rodríguez de Guzmán ha enmarcado este recurso como uno más, “sin otros matices”, de los que se han presentado en este proceso y que los licitadores tienen derecho a formular ante ese organismo del Ministerio de Hacienda, informa el Ayuntamiento en un comunicado.
Sí ha querido dejar claro que durante “los muchos meses de trabajo que hay detrás de este expediente”, tanto los concejales implicados como los técnicos municipales han actuado “con transparencia y en comunicación con las empresas” que han concurrido al mismo.
También ha destacado que “no se ha denegado información” a las empresas y que a lo único a lo que no se les ha permitido acceder es “a la información confidencial de las empresas licitadoras, ni a la de Aqualia, ni a la de Aquona”. Este proceder y el resto de pasos dados por el Ayuntamiento se han remitido al tribunal al que ha llegado el recurso, quien ahora “decidirá si lo acepta o no”.
Sobre los plazos para su resolución, Rodríguez de Guzmán ha dicho que no podía concretar fechas, pero confirmaba que, hasta que no se resuelva el recurso, “el proceso de adjudicación queda paralizado”. A partir de ahí, el Ayuntamiento actuará en consecuencia al dictamen del tribunal y guiado, recalcaba, “por la total transparencia con la que hemos procedido desde el inicio”.
El recurso de Aquona
El recurso de Aquona, que contiene más de 70 páginas, se publicó el sábado 29 de marzo en el expediente de la licitación del contrato, en el Perfil del Contratante de la sede electrónica del Ayuntamiento de Daimiel. El lunes 31 de marzo un medio provincial publicó la noticia y resumía parte de la argumentación de Aquona en el recurso.
Entre otros aspectos, esta empresa denuncia que la adjudicación, aprobada en la Junta de Gobierno Local del 24 de febrero, estuvo marcada “por la falta de transparencia, irregularidades en la justificación económica y un proceso viciado que afecta la igualdad de trato en la contratación pública”, según recoge la noticia.
