J. Y.
Ciudad Real
El Ayuntamiento de Miguelturra ha decidido recurrir la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 4 y de lo Mercantil de Ciudad Real que ordena la devolución a este Consistorio de la finca en la que se construyó la sede de la extinta CEOE-Cepyme de Ciudad Real. Así lo decidieron la tarde de este lunes (27 de abril) los miembros de la comisión municipal, en la que están representados los grupos del PSOE, PP e IU que conforman la Corporación miguelturreña. Asesorados por los servicios jurídicos, acordaron presentar una apelación a la resolución, “favorable para el Ayuntamiento”, por la que la institución obtendría la devolución del suelo, con el edificio incluido, una vez entregara “las cantidades que procedan, previa tasación pericial, por las pertenencias y accesiones, deducido el importe que recayera sobre las mismas”, pues de lo contrario sería, según la jueza, un “enriquecimiento injusto”.
El alcalde miguelturreño, Román Rivero, mostró a Lanza su desacuerdo con que sea un “enriquecimiento injusto” para el Ayuntamiento miguelturreño porque “nos asiste la Ley de Administraciones Locales cuando reconoce la devolución de un bien si se incumple un contrato por el que se realiza una cesión gratuita de unos terrenos a una entidad para un fin concreto, como en este caso era la formación profesional”.
Según dijo, los portavoces de los tres grupos valoraron de forma unánime los acuerdos establecidos en 2002 (año en que se realizó la cesión de la finca de casi 16.000 m2), por los que el Ayuntamiento perdía “un bien en favor de otra entidad, en este caso CEOE-Cepyme, para que desarrollara a lo largo de 30 años actividades formativas de corte laboral, con la condición de que una vez concluído este tiempo los terrenos municipales pasarían definitivamente a la organización, y si se incumplían estos requisitos se produciría la reversión gratuita”.
Por tanto, Rivero anunció que en la apelación que presentarán ante la Audiencia provincial de Ciudad Real, solicitarán que “se ejerciten las condiciones pactadas entre CEOE y el Ayuntamiento”, una demanda “que no puede ser injusta según dice la propia ley, porque no se ha mantenido el servicio que motivaba la cesión”. Por esta razón, a su juicio, el suelo y el edificio deberían pasar a ser de titularidad municipal.
El Ayuntamiento solicitó judicialmente al Juzgado de Primera Instancia número 4 y de lo Mercantil la reversión de los terrenos “sin cargas con todas sus pertenencias y accesiones” en 2013 cuando la CEOE fue declarada en concurso de acreedores, y se ha resuelto dos años después con una sentencia que no deja indiferente a ninguan de las partes.
Precisamente, la entidad concursada no ve “conveniente” recurrir la sentencia, según declaró su abogado, Javier Lara.
Reconoció que se trataría de un trámite en segunda instancia que, en caso de ser desestimado, supondría afrontar unas costas procesales que engordarían la masa activa de la sociedad, actualmente en fase de liquidación.
Además, la presentación de un recurso tendría que ser autorizada por Julián González, el administrador que gestiona el concurso de acreedores de la desaparecida confederación de empresarios.
Precisamente, la sentencia podría ser objeto de recursos de varias de las partes implicadas, además del Ayuntamiento, por CCM o el propio administrador, al no haber estimado al completo la demanda del Consistorio miguelturreño y, por tanto, no haber satisfecho el objeto perseguido.
