El alcalde de Miguelturra, Luis Ramón Mohíno, ha explicado en profundidad en una entrevista en Radio Miguelturra la compleja situación jurídica del edificio construido por CEPYME en suelo municipal, actualmente ocupado en parte por un centro educativo, y sobre el que pesa una hipoteca ahora reclamada por Unicaja.
Según ha relatado Mohíno, el terreno sobre el que se construyó este edificio siempre ha sido municipal y se cedió con la condición de que el uso del mismo tuviera una finalidad formativa. El edificio fue levantado por CEPYME, con una financiación cercana a los 3 millones de euros, a través de una hipoteca concedida entonces por Caja Castilla-La Mancha, que más tarde fue absorbida por Unicaja. En este sentido, el alcalde miguelturreño ha asegurado que «desde el principio, CEPYME no pagó nada de esa hipoteca», y ha recordado que «la empresa entró en concurso de acreedores y desapareció, quedando la hipoteca impagada». El edil ha añadido que a pesar de que el crédito fue solicitado por CEPYME, el terreno sobre el que se construyó pertenecía al Ayuntamiento, «lo que introduce una peculiaridad jurídica en este caso. Con el paso del tiempo, el uso del terreno revirtió al Ayuntamiento, aunque no se puede separar jurídicamente el edificio del terreno».
El alcalde ha indicado que la propiedad del edificio y del suelo tienen naturalezas jurídicas distintas, «ya que el Ayuntamiento no fue quien solicitó el préstamo hipotecario, pero sí es la entidad a la que ha revertido la propiedad». En este punto, Luis Ramón Mohíno ha destacado el papel de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que en su momento se comprometió públicamente a instalar un colegio en ese edificio. «Ese compromiso dotó al espacio de un uso educativo básico y público, con el que se entendía que no habría conflictos de titularidad», ha explicado, y ha añadido que «en torno al año 2019 se comunicó que el problema ya estaba resuelto gracias al uso educativo del inmueble».
Sin embargo, Unicaja ha interpuesto una demanda, reclamando la cantidad inicial de 3 millones de euros, más intereses y costas, que elevan la deuda a unos 5 millones de euros, alegando la figura jurídica del ‘enriquecimiento injusto’. La entidad sostiene que prestó ese dinero para construir un edificio que ahora forma parte del patrimonio municipal, y exige una compensación por ello.
Luis Ramón Mohíno ha informado que «lo que estamos dirimiendo ahora es si Unicaja tiene derecho o no a recibir esa compensación», y ha anunciado que «el Ayuntamiento está trabajando intensamente para proteger sus intereses. Para ello, contamos con asesoría jurídica externa y con el apoyo de los servicios jurídicos municipales, que ya han tomado medidas legales».
Mohíno también ha confirmado que han contactado con la Junta de Castilla-La Mancha para solicitar una actuación conjunta, «ya que fue la administración que promovió el uso educativo del edificio». En este sentido, el regidor ha detallado que «hemos hablado con el delegado de Educación para explicarle que tenemos que afrontar esto juntos, que necesitamos su implicación», ha asegurado.
Mientras se resuelve el conflicto, el Ayuntamiento continúa dotando el edificio de usos educativos. Así, Luis Ramón Mohíno ha señalado que «seguimos tramitando la instalación de la Escuela Municipal de Música en una parte del edificio que aún no estaba ocupada por el colegio. De esta manera, reforzamos el carácter de servicio educativo, tanto reglado como no reglado, del inmueble», ha declarado.
No obstante, el alcalde ha advertido del riesgo económico que esta reclamación podría suponer para el municipio: «Estamos hablando de un Ayuntamiento que con el presupuesto que tiene, si tuviéramos que afrontar una deuda de 4 o 5 millones de euros, el impacto sería gravísimo». Por ello, ha indicado que se están explorando varias vías de defensa. Por un lado, se ha solicitado una pericial técnica para demostrar que el edificio no fue entregado en condiciones óptimas, «sino vandalizado, deteriorado y con daños estructurales, lo que reduciría significativamente su valor real, muy por debajo de los 3 millones de euros hipotecados» ha señalado, y, por otro, Mohíno ha anunciado que convocará una junta de portavoces monográfica para informar a todos los grupos municipales, porque «no podemos convertir esto en una disputa política. Lo que está en juego no afecta a un partido u otro, sino a toda la localidad y a todos los vecinos de Miguelturra. Por eso debemos actuar unidos», ha afirmado.
Luis Ramón Mohíno ha informado que también ha mantenido contacto directo con Unicaja, solicitando una reunión para entender su postura y explorar soluciones negociadas. «Parece que esto ha sorprendido a muchos, pero nos hemos puesto a trabajar desde el minuto uno y hemos hablado con todas las partes implicadas: la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, nuestros servicios jurídicos y la entidad financiera que presenta la demanda» ha manifestado.
Ante esta situación, el alcalde plantea dos escenarios posibles: «uno ideal, en el que no se tenga que abonar ni un céntimo, y otro más realista, en el que se negocie una compensación económica muy inferior a los 5 millones reclamados. En caso de que nos veamos obligados a pagar, lucharemos para que sea lo mínimo posible», ha sentenciado.
Finalmente, el regidor miguelturreño ha reiterado su compromiso de que el edificio mantenga su uso público y educativo, y ha recalcado que la existencia del centro escolar no está en riesgo en ningún caso. «Seguimos trabajando para que el edificio cumpla su función social y educativa. Lo importante ahora es proteger el interés general de Miguelturra», ha concluido.
