Belén Rodríguez
Ciudad Real
Juan Antonio A.T., el ganadero de la pedanía de Villalba de Calatrava (Viso del Marqués) condenado como único responsable de la muerte por envenenamiento de seis águilas imperiales ibéricas en la finca la Encomienda de Mudela, el 12 de enero de 2012, acaba de presentar ante la Audiencia Provincial el recurso de apelación contra la sentencia del juzgado Penal 1 que lo condenó en octubre a un año y medio de cárcel y a pagar 360.000 euros más las actualizaciones del IPC desde 2008. En el escrito vuelve a defender su inocencia y que se le ha condenado sin pruebas.
Al ganadero, que sigue teniendo en esa finca unas gallinas y un modesto rebaño, se le considera autor de un delito contra la fauna por la colocación de cebos con veneno, en concurso con otro por la muerte de especies amenazadas.
Gregorio Rodríguez, su abogado, alega que “la juez de instancia no fundamenta su fallo en ninguna prueba directa, sino en una serie de indicios de los que deduce su participación en los hechos, desechados todos los demás que la Guardia Civil en su momento había valorado”.
El letrado se refiere entre otros a la conversación del acusado con un guarda forestal, el mismo día del hallazgo de las águilas, en la que Juan Antonio le pide permiso para “rulear” (remover la tierra), una prueba que se ha interpretado en todo el proceso como una estratagema para ocultar los cebos envenenados que aparecieron en el lugar tras varias batidas de la Unive (Unidad contra el Veneno), y que a juicio del abogado no es concluyente de nada.
El otro argumento es la vulneración de la presunción de inocencia para fundamentar que él fue quien colocó los cebos, nadie le vio, y el lugar es de fácil acceso a cualquiera que pase por ahí, como sus propios hijos, o rivales que quisieran perjudicarle.
El abogado esgrime además un contra indicio que considera fundamental, el hecho de que nadie encontrara el arma del crimen, el potente veneno Aldicarb que mató a las rapaces. “En las actuaciones no existe indicio alguno que relacione a mi representado con la posesión de esa sustancia o incluso con la utilización de la misma cuando era legal [lo fue hasta finales del año 2007]”.
El hallazgo de las águilas que dieron pie a este caso, el más grave por delito medioambiental que se ha juzgado en los últimos años en la provincia, se produjo de forma casual el 12 de enero de 2012, en la parcela en la que Juan Antonio A.T., el condenado, tiene unas gallinas y un rebaño de ovejas para el consumo familiar, en la finca la Encomienda de Mudela, propiedad de Parques Nacionales. Las encontró un técnico de Tragsa que pasaba por allí (dos de ellas estaban colgadas en un chopo) y exámenes posteriores confirmaron que habían muerto por envenenamiento (ingirieron restos de conejo impregnados del plaguicida ‘Aldicard’).
En batidas posteriores se encontraron nueve cebos, y la investigación empezó a centrarse en el ganadero: es el único en la zona y estaban colocados en dirección a los nidos.
