MADRID/TOLEDO, 20 Nov. (EUROPA PRESS)
El Congreso de los Diputados ha aprobado las 17 enmiendas procedentes del Senado al proyecto de Ley de Parques Nacionales con el apoyo a todas del PP. La ley aprobada definitivamente este jueves da una prórroga de seis años a las actividades incompatibles que en la actualidad se realizan en los Parques Nacionales tales como la caza, la pesca o la tala comercial a partir de su entrada en vigor, un día después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
El resto de los grupos ha rechazado la mayoría de las enmiendas, aunque en algunos casos CiU y UPyD se han abstenido, y se han producido apoyos puntuales del PSOE.
Durante el debate, la oposición ha manifestado que el texto favorece los intereses privados y supone una vuelta a los tiempos de «la escopeta nacional» ya que da una prórroga hasta 2020 a actividades como la caza o la pesca.
El texto del proyecto de Ley fue remitido al Congreso el pasado mes de enero y, desde el inicio de su tramitación, la oposición advirtió del «peligro» de que las nuevas excepciones recogidas en la norma, como la urbanización, por lo que se modificó el texto de modo que se asegura, según el PP, que el suelo de estos espacios no va a ser urbanizable, salvo en el caso de tres municipios enclavados en Picos de Europa y Monfragüe.
Posteriormente, en su tramitación en el Senado el grupo parlamentario Popular introdujo un paquete de enmiendas en el que se abría la posibilidad de continuar realizando actividades que la ley fija como incompatibles, tales como la caza, la pesca o la tala comercial sin fecha de finalización, en estos enclaves y no solo en las excepciones que se recogían para los parques de Cabañeros, Picos de Europa, Sierra Nevada o Doñana.
Esta enmienda, la 278 fue contestada con el rechazo de la oposición y de las organizaciones ambientales y, finalmente el PP propuso un nuevo texto por el que no se conceden nuevos derechos, y se pone un plazo máximo de seis años a partir de la entrada en vigor de la Ley para seguir practicando estas actividades como la caza y que, más allá plantea que se podrán realizar expropiaciones en caso de que no se pueda llega a acuerdos voluntarios.
En definitiva, el texto establece que se podrán desarrollar estas actividades en Parques Nacionales hasta finales de 2020. Hasta ahora, con la Ley en vigor, aprobada en 2007 con el acuerdo unánime de todos los grupos parlamentarios, estos enclaves tenían una prórroga de diez años, hasta 2017, en los que se podría cazar en las fincas cinegéticas, pero con la nueva Ley esta prórroga de seis años estará en vigor para todos los Parques de la Red, ya que no restringe esta opción a un parque en concreto.
Cabañeros tiene fincas privadas en manos de trece propietarios, según datos facilitados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a Europa Press.
El partido que apoya al Gobierno argumenta que para adecuar la situación de las fincas afectadas a las prohibiciones que marca la ley que protege estos espacios declarados de «interés general», se necesitarán pagar indemnizaciones que este jueves, en el debate parlamentario, la diputada del PP María Teresa de Lara, ha cifrado en 320 millones de euros.
El argumento económico ha sido rechazado por los grupos parlamentarios en las dos cámaras así como por las ONG ambientales, que antes del debate en el Pleno han asegurado que no se trata de una cuestión de dinero sino de «falta de voluntad política para proteger los espacios con la mayor protección ambiental» de España.
PROHIBICIONES DE LA LEY
Los artículos 6 y 7 del proyecto de Ley establecen que los requisitos para ser Parque Nacional son estar ocupado en una superficie adecuada por formaciones naturales que no tengan aprovechamientos de carácter agrícola, forestal, o hidráulico, ni elementos artificiales que alteren significativamente la estética del paisaje o el funcionamiento de los ecosistemas. Tampoco podrán contener actividades extractivas o explotaciones de áridos, arenas o minerales, ni instalaciones dedicadas a uso deportivo, industrial o de ocio no integradas en los programas de uso público o de visita del parque nacional.
La futura norma regula la conservación de los quince Parques Nacionales que existen en España, que ocupan una superficie de 381.716,49 hectáreas (el 0,7 por ciento del territorio). La última incorporación, en junio del año pasado, fue la del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.
Entre otras novedades de la ley, se aclara que, en la fase de declaración de parque nacional, sólo se deberán identificar aquellas actividades que pudieran resultar incompatibles con la figura de parque nacional, mientras que será el plan rector el que determine las actividades compatibles.
A su vez, se establece el derecho del Gobierno a adquirir la compra de determinadas fincas situadas exclusivamente en el interior del parque. A partir de ahora, a las comunidades autónomas les corresponderá la gestión ordinaria de los parques, y al Estado la creación de nuevos parques.
INTERVENCIÓN EN EMERGENCIAS
Esta ley permite también la intervención estatal directa, coordinada con las comunidades autónomas, ante catástrofes o situaciones extraordinarias que pongan en peligro los valores de estos espacios, como por ejemplo en caso de incendios forestales de gran magnitud.
Incorpora también la posibilidad de ampliar Parques Nacionales ya declarados sobre áreas marinas exteriores colindantes, algo que no recoge la normativa actual, y se aumenta la superficie mínima requerida para declarar un nuevo parque en territorio peninsular de las 15.000 a las 20.000 hectáreas. Mantiene el sistema de ayudas a los municipios de sus zonas de influencia, e introduce como novedad la puesta en marcha de programas piloto.
Los Parques Nacionales cumplirán un siglo en 1916, cuando se aprobó la primera ley que constaba de tres artículos y que convirtió a España en uno de los países pioneros en Europa en la protección de la naturaleza. En 1918 se declararon los dos primeros parques nacionales españoles, el de la Montaña de Covadonga y el de Ordesa.
En su creación tuvo mucho que ver Pedro José Pidal y Bernaldo de Quirós, nombrado por Alfonso XII Marqués de Villaviciosa de Asturias. Desde su cargo de senador vitalicio se interesó por los asuntos medioambientales y promovió la primera Ley de Parques Nacionales. Una vez aprobada, fundó el Parque Nacional de la Montaña de Covadonga, y poco después el de Ordesa. Por su trabajo en la materia se convirtió en el primer Comisario General de Parques Nacionales.
Ecologistas lamenta la aprobación de la Ley de Parques Nacionales que permite la caza en el XIX aniversario de Cabañeros
Ecologistas en Acción Castilla-La Mancha ha lamentado la aprobación en el Congreso de la Ley de Parques Nacionales que permite la caza en el
día del decimonoveno aniversario de la creación del Parque Nacional de Cabañeros.
«Se ha consumado la peor noticia para el futuro de este espacio protegido», han señalado mediante un comunicado, en el que han indicado que el Gobierno y la Junta de Castilla-La Mancha desaprovechan la oportunidad «de solventar un problema que ya tenía fecha de vencimiento y que, de hecho, debía de estar arreglado desde hace mucho tiempo atrás».
A su juicio, «demora la solución al problema de la caza, de tal manera que en unos años es muy posible que se busque una nueva prórroga y así sucesivamente». «Eso es lo que pretenden los grandes propietarios privados que no contentos con dañar una y otra vez el Parque Nacional, quieren seguir lucrándose o haciendo jugosos negocios practicando la caza en un lugar que debiera estar dedicado al uso y disfrute público», han criticado.
Así, han dado la bienvenida al pacto de la oposición parlamentaria de derogar la Ley lo antes posible y han asumido el compromiso de intentar que se declaren ilegales los nuevos preceptos aprobados en la enmienda 278.
El Gobierno estima que la horquilla de indemnizaciones en Parques Nacionales va de los 50 a los 320 millones de euros
El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, ha apuntado que la estimación de lo costaría indemnizar a los propietarios con derechos a realizar actividades a extinguir en Parques Nacionales se mueve en una horquilla de entré 50 y 320 millones de euros.
En un encuentro con periodistas tras la aprobación definitiva de la Ley de Parques Nacionales este jueves en el Congreso de los Diputados, Ramos ha dicho que la cifra no es definitiva y que puede variar en función del número de propietarios que no lleguen a acuerdos voluntarios y opten por ser expropiados. «El objetivo de los acuerdos voluntarios es evitar un desembolso al Estado», ha admitido.
Así, ha afirmado que la nueva ley, a la que ha definido como «eminentemente conservacionista», pretende poner fin a la situación derivada de la Ley de 2007, que dio una prórroga de diez años a los titulares de derechos de caza, pesca, tala u otras actividades que son incompatibles en los Parques Nacionales de acuerdo tanto con la norma de entonces, como con la recién aprobada.
«El problema del plazo está ahí porque la Ley de 2007 no lo quiso resolver. No es un problema de María Dolores de Cospedal –en alusión a las acusaciones en el Parlamento de que la enmienda 278 estaba dictada por esta–. Nuestra ley da más plazo y algo más de margen presupuestario», ha aseverado Ramos que no entiende una crítica «tan dura y sanguinaria».
El secretario de Estado ha lamentado también las «críticas» que ha suscitado el texto normativo tras la introducción de esta enmienda en el Senado que prórroga de nuevo las actividades incompatibles como la caza, la pesca o la tala en estos enclaves declarados de «interés general» y ha afirmado que se deben a cuestiones de interés político.
Ramos ha defendido el papel de los propietarios como los que «tradicionalmente» han cuidado los parques incluso frente a planes estatales y, por eso, no los ven como «enemigos». Según las exploraciones que han hecho con algunos de ellos para llegar a futuros acuerdos cree que tienen «voluntad» y que «hay posibilidades».
Sin embargo, ha reiterado que desde 2007 no se ha avanzado en ese sentido de acuerdos o expropiaciones y, «ahora mismo es complicado sacar dinero público para pagar derechos cinegéticos». El presupuesto del Organismo Autónomo Parques Nacionales para 2015 es de 46 millones de euros.
En este sentido ha lamentado que algunas organizaciones ambientales que ahora critican la ley y piden un plan para zanjar los derechos porque no hicieron lo mismo cuando se aprobó la ley de hace siete años con una prórroga de diez años «cuando había dinero».
En estos seis años hasta 2020, ha avanzado también que el Gobierno aspira a hacer un plan financiero para resolver esta cuestión con el objetivo de no llegar al próximo plazo y estar en la misma situación. «Damos algo más de plazo porque nos parece que tres años es un plazo moderado a la vista de las condiciones presupuestarias que no han permitido avanzar mucho», ha indicado.
Ramos ha subrayado que con esta ley el Estado transmite que preocupa por los Parques Nacionales, que no van a abandonar la red de parques y quiere que un gallego se sienta orgulloso de Doñana y un catalán de Cabañeros.
CAZA PROHIBIDA, GESTIÓN PERMITIDA
En la actualidad, la caza existe en los parques nacionales de Cabañeros, Guadarrama, Picos de Europa, Sierra Nevada y se hace control de poblaciones en Monfragüe.
Ahondando en los acuerdos que debe promover la administración, según la ley, el secretario de Estado ha recordado que la Ley prohíbe expresamente la caza y la pesca deportiva y comercial y la tala con fines comerciales pero «no prohíbe la gestión de poblaciones», que es «necesaria».
En esta línea, ha dicho que los propietarios deberán adecuarse a la nueva situación y ha dejado entrever que esta podría ser «una manera» admitida en los acuerdos voluntarios.
DEFENSA DE LA NORMA
El secretario de Estado ha defendido que la ley aprobada aúna toda la normativa «dispersa»; dota al Estado de mayores fórmulas para coordinar y gestionar los parques Nacionales entre sí y con la Red de Parques; refuerza la Marca España Parques Nacionales; busca «aliados» en el medio rural; amplía hacia el mar los límites de parques terrestres y refuerza la participación de los municipios. «Esta ley no destroza, sino que mejora cuestiones puntuales de la de 2007. Da un paso más», ha apostillado.
Ramos opina que es «una pena» la falta de consenso en la tramitación parlamentaria y su aprobación con el rechazo de la oposición y lamenta que el debate político haya oscurecido la norma.
Finalmente, en el encuentro con medios, ha querido «restablecer el honor» del director del Organismo Autónomo Parques Nacionales, Basilio Rada, tras las peticiones de dimisión planteadas en ambas Cámaras durante la tramitación parlamentaria de la ley.
A su juicio, «no tiene sentido» ni «más interés que la demagogia» exigir el cese del responsable de parques por un texto legislativo presentado por el Gobierno para subsanar los fallos de la anterior ley. «No nos parece tolerable», ha puntualizado.
