El Consorcio RSU de Ciudad Real, reunido en Asamblea General, ha aprobado por mayoría el presupuesto para el año 2026. Dicho presupuesto asciende a 29,5 millones de euros y contempla la gestión de RSU.SA, Emaser, así como la aportación de 4,5 millones por parte de la Diputación Provincial.
Por otro lado, la Asamblea también ha aprobado las tarifas para el ejercicio 2026 y el impuesto de residuos a vertedero. El impuesto de residuos a vertedero, gracias a la buena gestión de RSU en la recogida y el tratamiento, se ha podido reducir de 10 a 9,6 euros por habitante y año. Este impuesto, de carácter estatal y establecido por la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados, tiene como objetivo desincentivar el depósito de residuos a vertedero, y la ley obliga a que se repercuta en el contribuyente.
Además, la recaudación de este impuesto se transfiere a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que debe destinarla a las medidas que establece la ley; sin embargo, hasta ahora, esto no se ha llevado a cabo. “Hasta ahora, los pueblos pertenecientes al Consorcio han liquidado más de 8 millones en concepto de este impuesto, sin que se haya revertido nada por parte de la Junta de Comunidades”, indicó Carlos Villajos, presidente del Consorcio.
En cuanto a las tarifas, gracias a que hace unos meses el actual equipo de Gobierno de la Diputación decidió amortizar el préstamo de casi cinco millones que RSU tenía contraído como deuda por la anterior dirección del Consorcio, se han podido mantener las tarifas vigentes, actualizándolas únicamente con el IPC del mes de septiembre (2,9%). Esta actualización permite a RSU hacer frente al incremento de los costes salariales de los casi 300 trabajadores directos, así como a la subida de los costes energéticos.
Por último, se recuerda que la actualización de las tarifas con el IPC es necesaria para afrontar la subida de determinados costes y que ha sido una práctica habitual y necesaria en todas las direcciones que ha tenido RSU. Las últimas actualizaciones se realizaron en 2021 y 2022; por ello, no se entiende el voto en contra de los representantes del PSOE en el Consorcio.
Carlos Villajos declaró que el PSOE se mantiene en una postura obstruccionista frente a cualquier asunto racional, bloqueando el funcionamiento de un servicio esencial como la gestión de residuos. Esta actitud, según Villajos, se ha mantenido desde que el Gobierno de la Diputación cambió y se traduce en un voto en contra motivado por la pataleta y la frustración por haber perdido el gobierno provincial, extendiéndose a todos los organismos dependientes de esta institución, como es el caso de RSU.
