B.R./ Ciudad Real
Sobre la polémica demolición de viviendas construidas de forma ilegal en La Pedregosa, del anejo ciudarrealeño de Las Casas, la fiscal de Medio Ambiente explica que estos derribos ordenados tras sentencias firmes “son una pauta general que está recogida en el Código Penal para restaurar el orden jurídico vulnerado”, en casos graves de delitos contra la ordenación del territorio. De producirse aquí en Ciudad Real sería la primera vez, aunque ya ha hecho en situaciones similares en otras comunidades como Andalucía, Baleares o Canarias.
Vinuesa indica que el control de la legalidad urbanística está atribuido a los entes locales, “son los ayuntamientos los que tienen unos mecanismos de evitación de estas conductas en una fase inicial, cuando se empiezan a detectar”.
Así pasó en La Pedregosa. El Ayuntamiento de Ciudad Real al tener conocimiento (en torno a 2006) de las infracciones en suelos con una especial protección, puso los hechos y los expedientes sancionadores en conocimiento de la fiscalía.
La investigación concluyó, mediante un informe del Seprona y más documentación municipal, que se habían llevado a cabo construcciones en un suelo no urbanizable con especial protección agropecuaria. El Código Penal considera esto un delito contra la ordenación del territorio y como tal el fiscal interpuso denuncia y se celebraron los juicios . “Todos los investigados fueron oidos y tuvieron sus posibilidades de defensa y los juzgados en determinados casos consideraron acreditados estos hechos y dictaron sentencias condenatorias”, aclara la fiscal.
“La razón por la que la que en otros hubo sentencias absolutorias fue porque operó la prescripción penal: pasó tiempo entre la construcción y la denuncia ante la fiscalía”.
Entre los años 2011 y 2012 la Audiencia Provincial confirmó las sentencias de los juzgados de lo penal. Todos esos fallos (casi una veintena) ya son firmes y hay que demoler, una responsabilidad subsidiaria del Ayuntamiento de Ciudad Real.
