Las desavenencias que mantienen desde hace siete años Luis Fernando Porras, el dueño de la finca La Cruz de Villamayor de Calatrava, con el alcalde Juan Antonio Callejas y su equipo de gobierno, del PP, a costa de los caminos públicos, han protagonizado este martes en la Audiencia Provincial un nuevo episodio judicial.
Esta vez Porras se enfrenta a penas de prisión por golpear al concejal y teniente de alcalde en 2018, Antonio López Gómez, con el que tuvo algo más que palabras en el aparcamiento de los juzgados de Ciudad Real el 11 de julio de ese año, a la salida de una testifical de un pleito en lo Contencioso por los caminos.
Porras: “Respondí a sus insultos y amenazas”
Porras, acusado de atentado a la autoridad por la condición de concejal del hombre al que pegó, ha admitido en el juicio que le propinó “un golpe”, para responder “a sus insultos y amenazas”.
Mantiene que se vieron en los pasillos de los juzgados y que al pasar cerca del concejal se quejó de que estaba harto de las denuncias del Ayuntamiento, algo que el edil se tomó mal y lo citó con un “espérate, pájaro”. Ya a la salida de los juzgados, en el aparcamiento, Antonio López se abalanzó sobre él y por el miedo “a su corpulencia” y los graves insultos que supuestamente le dirigió el concejal, entre ellos “te voy a quemar la finca”, le dio un puñetazo, puede que dos, ha reconocido, y se marchó de allí por miedo a la reacción del otro.
“Yo ni nombré al alcalde ni insulté a nadie más, solo le dije que si querían saber cosas de mí que me las preguntaran directamente”, ha declarado.
López: “Me dio dos puñetazos que me dejaron grogui”
La versión del concejal es totalmente contraria. Asegura que solo conocía de vista a Porras y que fue él quien le pidió salir a la calle a hablar cuando se vieron en los pasillos de los juzgados. “Al principio no iba a hacerlo, pero luego pensé que a lo mejor se podía arreglar algo”.
El caso es que salió y cuando y se encaró con Porras empezó a recibir una retahíla de insultos del tipo “el hijoputa del alcalde y toda la Corporación os vais a enterar”, a lo que el replicó con un “usted está mal de la cabeza”. Eso es según su versión lo más fuerte que dijo, a continuación recibió dos puñetazos en toda la cara que según ha declarado: “Me dejaron grogui, no me caí porque me sujetó el que iba con él (un testigo de Porras).
El concejal afirma que lo único que acertó a replicarle al dueño de la finca es que se esperara a que viniera la policía, pero Porras no hizo caso y se marchó. Después denunció y acudió al hospital. Le examinaron e hicieron un parte de lesiones compatible con los puñetazos, además le mandaron analgésicos, reposo y collarín por dolor en el cuello.
Un testigo dice que el concejal amenazó a Porras
La presunta agresión solo la vio el testigo de Fernando Porras, cuya declaración cuestiona el abogado del Ayuntamiento y la defensa del concejal. Este hombre que había ido a testificar en el pleito de los caminos sostiene que ambos riñeron y se insultaron, y que lo que pasó allí fue una pelea.
También ha declarado –en la vista de hoy- que escuchó al concejal amenazar a Porras con quemarle la finca.
Atentado y obstrucción a la justicia
Por estos hechos la fiscalía provincial acusa a Luis Fernando Porras, administrador de la sociedad Aldonza que gestiona la finca La Cruz, de los delitos de atentado a la autoridad y lesiones; por el primero pide un año y tres meses de prisión, además de ocho meses de multa (a 12 euros día), y por el segundo 9 meses.
La fiscalía considera responsable al concejal Antonio López de un delito leve de amenazas por el que pide que pague una multa de dos meses (a 12 euros día).
4 años y cinco meses de prisión
Santiago Ballesteros, el abogado que ejerce la acusación popular en nombre del Ayuntamiento de Villamayor de Calatrava, pide cuatro años y cinco meses de prisión, además de multa, por los delitos de atentado a la autoridad en su versión más grave y obstrucción a la justicia.
El letrado considera el caso una episodio más del “acoso a los miembros de la Corporación municipal de Villamayor” por parte de que Porras, para amedrentarles y que no sigan adelante con la recuperación de la titularidad pública de caminos que pasan por su finca.
Ángel María Rico, defensor del concejal Antonio López, acusa a Porras de atentado a la autoridad y obstrucción a la justicia, delitos por los que pide algo más de 3 años de prisión, dos años y tres meses por el atentado, “considero que en este caso se debe aplicar el tipo en su mitad superior, al ser concejal y al tratarse de un atentado en concurso medial con lesiones”, ha explicado.
No hay delito de amenazas de López
Tanto la acusación popular como la que ejerce el concejal discrepan de la fiscalía. Creen que imputarle un delito leve de amenazas “es absurdo”. Cuestionan que un teniente de alcalde de un Ayuntamiento minúsculo como Villamayor amenace con quemar una finca que da trabajo a mucha gente en el pueblo. También cómo llegaron esas amenazas a las diligencias, “no en la primera denuncia en comisaría, a la que no fue Porras porque se marchó del lugar, sino después y por escrito”.
El Ayuntamiento persigue a Porras
La defensa del dueño de finca, el abogado Antonio Obejo, ha pedido la libre absolución por falta de pruebas que demuestren el delito de atentado.
El letrado afirma que Porras ni sabía que ese hombre era teniente de alcalde y que solo respondió a una provocación muy grave. Además mantiene que Porras es la víctima de una persecución judicial por parte del Ayuntamiento desde que Callejas es alcalde.
El caso ha quedado visto para sentencia en la sección primera de la Audiencia Provincial de Ciudad Real.
