La propuesta de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de aumentar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta 1.000 euros al mes, ha levantado las críticas de la patronal, que prevé un impacto negativo entre los autónomos y las pequeñas empresas.
Es el caso de Ciudad Real, cuyos máximos portavoces de las organizaciones empresariales han calificado “de brindis al sol” el anuncio, este martes, de aumentar 35 euros más al mes a los trabajadores con efectos retroactivos al 1 de enero. A su juicio traerá “más economía sumergida” en ciertos sectores.
Carlos Marín, presidente de la Federación de Empresarios de Ciudad Real (Fecir), ha recordado, en declaraciones a lanzadigital, que las pymes y autónomos -que representan el 88% del tejido económico provincial y regional- asumen “el 40% de los costes laborales de los trabajadores”. Son recursos que, en su opinión, imposibilitan nuevas contrataciones o inversiones para los propios empleados.
“Como no salió la reforma que la ministra quería, ahora lanza otro brindis al sol, y en vez de ayudar a los empresarios a generar puestos de trabajo, inhiben la creación de nuevo empleo”.
Muy crítico con las políticas fiscales en España, ha señalado que “en países como Italia, Francia, Alemania, incluso Gran Bretaña, están bajando impuestos”, mientras que “aquí los están subiendo a la clase media, a los trabajadores, a las microempresas y a las pymes”.
Para Marín, Díaz es “una ministra desleal con los empresarios y autónomos”, a los que “no quiere”, aunque ha distinguido “un mejor trato” de los partidos mayoritarios como PSOE y PP en distintos estamentos.
“A nivel nacional son dialogantes (en la negociación social), como el PSOE en la región, que conoce nuestras necesidades”, ha celebrado, frente a los planteamientos de “otras formaciones con las que no vamos a ninguna parte”.
«La gota que colma el vaso» de los autónomos
En la misma línea, Miguel Ángel Rivero, presidente regional y provincial de la Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), ha asegurado que la propuesta del nuevo alza del SMI será “la gota que colma el vaso” para los 150.000 eurónomos de Castilla-La Mancha.
“Hay que pensar, ha considerado Rivero, que en tres años el SMI ha subido más del 30%”, que ha supuesto unos costes laborales de “6.000 euros más al año por trabajador”. Por ello, el nuevo incremento no sería “sólo 35 euros más al mes, que parece poco”, sino “más cotización para las empresas”, ahogadas por los inputs de las materias primas -energía, carburantes y otros medios de producción- y todavía pendientes de su recuperación tras la pandemia.
“El autónomo es el eslabón más débil”, ha asegurado, a la vez que ha recordado los 4.300 ceses de actividad todavía vigentes en la región en la actualidad.
Así, la propuesta, según el también presidente del Colegio de Agentes Comerciales de Ciudad Real, “no es oportuna”, dado que un SMI de 1.000 traería “más economía sumergida” en sectores como el de cuidadores o empleo doméstico porque las familias “no lo podrán asumir”.
“Todos queremos que los trabajadores ganen más”, pero “si aumentan todos los costes al empresariado, se traslada a los productos y servicios y, por tanto, vende menos, hay menos empleo, más paro y más inflación”.
Por el contrario, y con un escenario más favorable para los pequeños empresarios, “se podría acabar el paro si los 3,5 millones de autónomos, 150.000 en la región, contrataran cada uno a un empleado”.
Reforma laboral, «negativa para la construcción y el campo»
Respecto a la reforma laboral aprobada gracias a la equivocación en el voto de un diputado del PP, “es un mal menor”. Rivero ha lamentado la modificación “de algo que estaba funcionando”, a la vez que ha cuestionado la obligatoriedad de hacer contratos fijos en sector “con picos de actividad” como la agricultura, la construcción, la hostelería y el propio comercio.
“Hay eventos puntuales como una boda donde se contrata a camareros para unas horas”, ha indicado Rivero, quien también ha llamado la atención sobre las tasas de temporalidad, “muchísimo más alta en la administración pública, de un 60%, que en el sector privado”.
Con este mismo argumento, el presidente de Fecir, Carlos Marín, ha criticado algunos aspectos de la reforma laboral recién convalidada. En las tareas del campo, como las campañas de la aceituna y la vendimia, “es importante poder regular al personal ante las necesidades que haya”, muy lejos de hacerlo fijo o poder acudir a los contratos de obra y servicio, lo que indica que “la ministra nunca ha trabajado en el campo”.
La nueva reforma, para Marín, “no es la que necesita este país para reducir el paro juvenil y la temporalidad», sobre todo en los ámbitos de la construcción, servicios y agricultura.
Con todo ha mostrado su lealtad a la CEOE-CEPYME que alcanzó el acuerdo sobre la nueva reforma a nivel nacional.
