Hace unas semanas un juez reclamó la presencia del equipo psicosocial de los juzgados, formado por una psicóloga forense y una trabajadora social: una mujer denunció a su marido por maltratar a sus hijas. Por casualidad las dos profesionales del equipo integrado en la forensía, Cristina Pozo e Isabel Herrera, pudieron acudir aquel día a la vista. Su intervención fue crucial, determinaron que la mujer estaba mintiendo y ella misma retiró la denuncia.
De no ser por esa disponibilidad casual el caso podría ser uno de tantos que acumula un servicio, creado en 2005 al amparo de la Ley Integral de Violencia de Género, que no tiene más remedio que emitir informes o citar a las partes para una entrevista con un año de retraso, porque no dan abasto para cubrir las demandas de la ya casi treintena de juzgados mixtos de la provincia. Siguiendo con el ejemplo el denunciado de este caso podría haber sido sometido a una medida cautelar de alejamiento respecto de sus niñas, hasta que el equipo pudiera haber entrevistado a toda la familia y haber determinado qué sucedía.
Pues bien, lo normal no es esto, sino que se tengan que posponer asuntos relevantes como el del ejemplo por imposibilidad material de que la psicóloga y la trabajadora social vean los casos, algo que genera no poca ansiedad a las profesionales de un equipo que emite informes a petición de los juzgados sobre los asuntos más complejos: violencia de género o familiar, abusos a menores, custodia de niños… “Cuando se creó se hizo para los casos de violencia de género, que siguen siendo nuestra prioridad, pero como no hay más psicólogos forenses ni trabajadores sociales para los juzgados en la práctica vemos todos los asuntos y emitimos los informes que nos piden los jueces”, explica Cristina Pozo, la psicóloga.
De inmediato su trabajo tuvo un gran impacto en el de la forensía. “Ellas nos ayudan muchísimo. Nosotros somos forenses, no psiquiatras ni psicólogos, hasta su llegada muchas peritaciones psicológicas las hacíamos nosotros”, explica el forense de Ciudad Real Jesús Martín Tabernero, que considera “absolutamente imperioso” que se cree un segundo equipo psicosocial. “Con otro equipo, aunque no se hicieran guardias, se daría una respuesta más rápida”, subraya la psicóloga. “Excepto la violencia de género, que tiene prioridad, damos salida a los asuntos por registro de entrada, pero es tremendo que tengamos que estar citando a niños que denuncian abusos para entrevistarlos al año siguiente, no podemos hacer más, y eso que nos llevamos el trabajo a casa”, añade la trabajadora social, Isabel Herrera.
Y no se trata tanto de cantidad como de calidad. El equipo psicosocial interviene en asuntos complicados en los que, en casos de abusos, no hay rastro físico o en caso de maltratos no ha habido golpes, “y eso no se soluciona en un rato. Tenemos que entrevistarnos con los denunciantes o denunciados, explorarles de la mejor manera que sepamos, ganarnos su confianza. Cuando intervenimos lo hacemos a conciencia”, dicen.
En el año 2010 emitieron ciento tres informes por otros tantos asuntos complicados a petición de los juzgados. Por la exigua plantilla sólo trabajan en horario de oficina de lunes a viernes no pueden hacer guardias y se sienten marginadas con respecto al resto de equipos psicosociales de Castilla-La Mancha, “en las otras provincias los decanatos disponen además de un psicólogo que nos descargaría bastante”, se quejan. Y lo peor es que llevan pidiendo el refuerzo desde 2006, al poco de crearse el servicio ya se desbordó.
