Francisco Amaya, el prófugo de la justicia más conocido de Ciudad Real, sobre todo desde abril, cuando se escabulló en las mismas narices de las fuerzas de seguridad que lo siguieron desde la capital hasta la casa de su familia en Daimiel, ya está en la prisión de Herrera de La Mancha.
Esta vez no ha podido zafarse de un despliegue de la Guardia Civil sin precedentes en la localidad, por la que seguía deambulando, pese a ser público que estaba declarado en rebeldía por la sección segunda de la Audiencia Provincial a finales del año pasado.
No ha tenido que pasar por el juzgado
Condenado en firme a 23 años de cárcel por maltratar, violar y vejar a una menor, Amaya no ha tenido que pasar por el juzgado. Tras su detención anoche en el barrio de El Alto ha ingresado directamente en la cárcel más cercana, Herrera de La Mancha (Manzanares), para cumplir esta sentencia, han confirmado fuentes del instituto armado.
Amaya, que no tiene delitos de sangre, se ha complicado la vida a sus 26 años por no asumir la contundente sentencia que dictó la Audiencia Provincial de Ciudad Real y ratificó después el Tribunal Supremo al que recurrió en casación (mantiene que es inocente).
A esta pena se le sumarán otras condenas menores pendientes por hurto y quebrantamiento de varias órdenes de alejamiento, además de las posibles nuevas imputaciones por atentado a la autoridad y daños, de su huida de la Policía Nacional en abril.
La fuga de abril no ha sido la única desde quedó en libertad en septiembre del año pasado, de ahí que la Guardia Civil haya hecho un despliegue comparable a una intervención antiterrorista para arrestarlo.
200 agentes de GRS, Usecic y otros grupos
En la operación de anoche participaron 200 agentes de los grupos especializados en operaciones complicadas GRS (Grupos de Reserva y Seguridad de Madrid) y Usecic (Unidad de Seguridad Ciudadana de la comandancia de Ciudad Real), además de brigadas de seguridad ciudadana de la Guardia Civil de Daimiel, Manzanares y Ciudad Real.
El despliegue del que todo el mundo habla este fin de semana en Daimiel lo completaron agentes de los equipos de investigación de la Guardia Civil.
El caso es de 2015
Francisco Amaya, con antecedentes previos por violencia machista, fue juzgado y condenado en 2018 por lo que le hizo a una adolescente de Valdepeñas, entre julio y octubre del año 2015. Al juicio acudió conducido por la policía, pero no estaba en prisión por este caso, sino por un delito menor.
En septiembre de ese año quedó en libertad, pero al mes siguiente la fiscalía consideró que con una condena tan grave, aunque recurrida, debería ingresar de nuevo en la cárcel. A petición de la fiscalía la Audiencia lo citó el 5 de noviembre pero no acudió, entonces se dictó una orden de búsqueda y detención.
Con ese mandato judicial vigente, unos meses después -ya en este 2019- el Tribunal Supremo ratificó la sentencia de la Audiencia.
Este tipo de intervenciones (no siempre tan llamativas) son habituales de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para localizar a prófugos de la justicia.
