El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto por el que las pensiones contributivas suben para este año un 2,5% y las mínimas y no contributivas, un 3%, tal y como establecen los Presupuestos Generales del Estado para 2022 y la primera pata de la reforma de las pensiones, en vigor desde el pasado 1 de enero.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha explicado que el coste de la revalorización asciende a 6.500 millones de euros.
De esta cantidad, 3.900 millones de euros corresponden a la subida de las pensiones para 2022 y 2.600 millones al coste de la paga compensatoria a los pensionistas por la desviación de los precios en 2021 respecto a la subida inicial de sus prestaciones (0,9%).
Para una pensión media de 1.127 euros al mes, esta ‘paguilla’ alcanza los 250 euros, y la revalorización, 400 euros al año. De este modo, sumando ambos conceptos, una pensión de estas características se eleva en 651 euros anuales respecto a 2020, ha subrayado el ministro.
Escrivá ha recordado que las pensiones contributivas suben este año un 2,5% en función de la fórmula contemplada en la reforma de pensiones y en la que se tiene en cuenta el IPC para evitar pérdidas de poder adquisitivo.
Con esta fórmula ya en vigor, la paga compensatoria por la desviación de precios de 2021 será la última que reciban los pensionistas, pues a partir de este año sus pensiones ya se actualizan con el IPC.
En concreto, este incremento del 2,5% es el resultado de la media del IPC entre diciembre de 2020 y noviembre de 2021. Las pensiones de clases pasivas también suben este año un 2,5%.
Para los beneficiarios de pensiones mínimas, pensiones no contributivas e Ingreso Mínimo Vital (IMV), la subida alcanzará este año el 3%.
Con la revalorización aprobada para 2022, la pensión mínima de jubilación será de 10.103,80 euros anuales en el caso unifamiliar, frente a los 9.808,4 euros de 2021, una vez revalorizada con el IPC. Si se tiene cónyuge a cargo, alcanzará los 12.467 euros al año, en contraste con los 12.103 euros de 2021.
Por su parte, la pensión máxima de jubilación máxima será de 39.468,66 euros anuales, 962,78 euros más que en 2021 (38.505,88 euros).
«UN MARCO DE CERTIDUMBRE ABSOLUTA» PARA LOS PENSIONISTAS
Escrivá ha destacado que la nueva fórmula de revalorización de las pensiones supone un «marco de certidumbre absoluta» de cara al futuro, pues los 11,5 millones de pensionistas saben que sus pensiones subirán con el IPC con independencia de cuál sea éste.
El ministro ha recordado que, de haberse aplicado la fórmula impuesta por el Gobierno del PP en 2013 y que ahora ha quedado derogada, las pensiones sólo hubieran subido un 0,25% este año y, desde 2017, habrían acumulado una pérdida de poder adquisitivo del 7,5% (1.228 euros anuales menos en 2022 para una pensión media de 2017).
Pero, además, Escrivá ha advertido de que la entrada en vigor del factor de sostenibilidad (ya derogado) habría provocado un recorte nominal para las nuevas pensiones de cerca del 1,3%, el equivalente a una reducción de 195 euros anuales en 2022 para una pensión media de 2017.
Por su parte, la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha asegurado que la reforma de pensiones acordada con los agentes sociales y en vigor desde el pasado 1 de enero «justificaría» por sí sola «toda una legislatura».
LA LEY DE LOS PLANES DE PENSIONES DE EMPLEO, PRÓXIMAMENTE
Por otro lado, preguntado por los planes de pensiones de empleo que el Ministerio se ha propuesto impulsar, Escrivá ha señalado que el anteproyecto de ley que los regula ha recibido «muchas observaciones» durante el trámite de audiencia pública y se están discutiendo algunos elementos con los agentes sociales.
Esta futura ley persigue facilitar el acceso a planes colectivos de pensiones a asalariados, autónomos y empleados públicos que hasta el momento no habían tenido acceso al producto al haber estado orientado a grandes empresas. Para ello se creará un fondo de empleo impulsado desde el sector público y gestionado por el sector privado.
Este anteproyecto de ley fue analizado en Consejo de Ministros el pasado mes de noviembre y, según ha afirmado hoy Escrivá, una vez se ultimen «dos o tres temas», la norma podría aprobarse en uno de los próximos Consejos de Ministros para remitirla luego a las Cortes para su tramitación.
