Toledo, 13 abr (EFE).- El Gobierno de Castilla-La Mancha tomará una decisión en «tres, cuatro semanas» sobre qué hacer tras el rechazo de Podemos a los presupuestos y, aunque no trabaja con la «hipótesis» de un adelanto electoral, asegura que no descartan «ninguna alternativa».
El vicepresidente de la Junta, José Luis Martínez Guijarro, se pronuncia así en una entrevista con Efe, en la que reconoce que, si bien «en esta vida no hay nada imposible», es «muy difícil» que vuelvan a llegar a acuerdos con Podemos tras su «deslealtad».
Preguntado por si están dispuestos a pactar con el PP o al menos a alcanzar acuerdos puntuales, responde: «Nosotros, en este momento, no descartamos ninguna alternativa que el Estatuto de Autonomía otorgue, desde la presentación de un proyecto en solitario a intentar llegar a acuerdos con el resto de grupos parlamentarios o llegar a la disolución de las Cortes».
No obstante, en los próximos días, señala el vicepresidente de la Junta, lo que harán será «valorar los daños» con los colectivos afectados porque «se han tomado decisiones de gestión que ahora se ven truncadas, hay proyectos de inversión que estaban tramitándose y que no pueden continuar adelante».
«Necesitaríamos tres, cuatro semanas para hacer un análisis fino de cuál es la decisión, de ver si podemos continuar viendo o estudiando la posibilidad de terminar el año con la prórroga del presupuesto de 2016, ver si eso supone una paralización total de muchas decisiones o si podemos a través de modificaciones presupuestarias terminar el ejercicio», expone.
Martínez Guijarro apunta que es «la gran decisión» que deben tomar y defiende que presentaron el presupuesto porque habían llegado a un acuerdo con Podemos y «desde el convencimiento de que ese acuerdo era la más absoluta lealtad entre los dos grupos parlamentarios».
«Se tomaron esas decisiones de arrancar proyectos de inversión, de arrancar convocatorias de ayudas, de arrancar decisiones que tienen su reflejo administrativo y ahora hay que parar», sostiene el vicepresidente de la Junta, si bien lamenta que «algunas decisiones van ser difíciles de parar», por ejemplo, la rescisión de contratos que supone pagar indemnizaciones.
En total, apunta Martínez Guijarro, el presupuesto de 2017 contemplaba «en números redondos 300 millones de euros más en materia de gasto no financiero que se destinaban a cosas concretas, a subir las retribuciones de los funcionarios o a incrementar su número».
La ronda de reuniones, según explica, comenzará con los agentes sociales y económicos porque el presupuesto «estaba muy hablado con los agentes sociales de la región, con los sindicatos, con los empresarios».
A su juicio, tienen que «dar explicaciones a aquellas asociaciones, aquellas entidades, colectivos» con los que estuvieron «pactando» y «ahora hay un parón».
«Lo honesto es decirles, como no hay presupuesto, esto en lo que habíamos quedado no lo podemos implementar hasta que no tengamos un nuevo presupuesto. O esto lo intentaremos resolver de otra manera, pero habrá algunas otras decisiones que son de imposible cumplimiento», sostiene.
Con ello, explica que en las reuniones con los colectivos participará «el conjunto del Gobierno, cada consejería hablará con cada uno de sus interlocutores» y también habrá «actuaciones de carácter puntual en cada uno de los pueblos» afectados por la no aprobación del presupuesto.
Preguntado por si el Gobierno continuará con el proceso de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, Martínez Guijarro apunta que «está abierto el proceso de participación» y la UCLM ha preparado el día 10 de mayo un congreso en el que participarán reconocidos juristas y representantes de los partidos políticos.
No obstante, admite que ahora «hay muchas más dificultades de carácter político que había al inicio de este proceso» y reconoce que «no va a ser fácil reconducir todo esto y que se pueda llegar a buen puerto».
«Yo lo veo complicado, pero por el Gobierno no va a quedar, vamos a continuar recogiendo las aportaciones, las sugerencias y vamos a ver cómo se lleva a cabo la negociación sabiendo que hay una parte que se sienta a negociar que cuando dice una cosa, no siempre llega esa cosa a puerto y se cumplen esos compromisos», sostiene.
Con todo, subraya que siempre han «creído que el tema estatutario tenía que estar por encima de los intereses partidistas» y añade que «nunca» han pensado en vincularlo con «el tema estatutario».
