El jurado dictamina que no hubo omisión de socorro en el caso del peón de albañil de Valenzuela de Calatrava Máximo Galindo, muerto por causas naturales con 30 años tras sufrir una caída cuando trabajaba en una finca en Puebla de Don Rodrigo en 2014.
El tribunal popular, que ha juzgado el caso esta semana en la sección segunda de la Audiencia de Ciudad Real, acaba de emitir un veredicto exculpatorio votado por unanimidad tanto para su jefe Gregorio Sánchez, como para los otros dos albañiles y el guarda de la finca Dehesa del Arenal, que estaban con él cuando se cayó el 14 de noviembre de 2014, mientras trabajaba sin estar dado de alta en las obras de una vivienda del cortijo.
Parecía que solo tenía una brecha en la cabeza
El veredicto que se acaba de leer este viernes determina que los cuatro “hicieron lo que pudieron según la gravedad y sus conocimientos” para auxiliar al joven, que en apareciencia solo tenía una brecha en la cabeza cuando lo encontraron tirado en el suelo en una nave anexa a la obra principal. De ahí decidieron trasladarlo a un centro médico, pero cuando llegó murió por lo que después se supo que fue una cardiopatía muy grave que nadie, ni siquiera el joven, sabía que padecía.
Los acusados dijeron al principio que Máximo Galindo se había caído cogiendo setas, para no admitir que no estaba dado de alta en la obra, pero a las pocas horas terminaron contando la verdad a la Guardia Civil. La familia entendió que había algo extraño y ha llevado el caso hasta los tribunales, donde ocho años después se ha juzgado por lo penal por la ley del jurado.
No llamaron al 112, lo llevaron a Piedrabuena
La acusación partía de que las personas que estaban con Máximo cuando se desvaneció no actuaron como debieron: llamando al 112 y recibir asesoramiento, y decidieron trasladarlo al centro de salud de Piedrabuena, a muchos kilómetros de allí, perdiendo un tiempo vital.
Un año de multa y 105.000 euros de indemnización
La acusación particular, la única que entendía que hubo delito en este caso, ni siquiera lo veía así la fiscalía, había pedido para cinco personas (el miércoles retiró la acusación para el vaquero de la finca, el primero que vio Máximo tenido en el suelo) multa a razón de 100 euros al día para el gerente de la empresa de albañilería, Gregorio Sánchez, y de 50 para el resto, además de una abultada indemnización de 105.000 euros.
