Coreando gritos como «Sin negociación, ministra dimisión», un amplio grupo de trabajadores de la Administración de Justicia de Ciudad Real se han concentrado este viernes en las puertas del edificio de los Juzgados, en Ciudad Real, para protestar, por segunda vez en una semana, por la negativa de la ministra de Justicia, Pilar Llop, a negociar y abordar los cambios «radicales” en las condiciones de trabajo que supondrá la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa.
Una ley que introduce cambios importantes sin negociación previa
Los representantes de los trabajadores, CSIF, Comisiones Obreras, Unión General de Trabajadores y el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia, consideran esencial esa negociación para abordar los cambios que trae consigo esta nueva ley. La delegada de STAJ, Carmen Romero, ha lamentado que el lunes pasado el Ministerio convocara una reunión «en la que no se quisieron escuchar nuestras peticiones».
Así, ha subrayado que la protesta viene motivada tanto por las formas como por el fondo, de tal forma que se critica que no se haya contado con el personal para negociar la ley y, también, que de haberse negociado, se hubiera podido tratar y acordar aquellos aspectos que, a juicio de la representación sindical, podrían mejorarse.
Los sindicatos convocantes exigen la negociación de la Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia para garantizar las condiciones de trabajo, los centros de destino y las funciones del personal funcionario.
Control de la administración de Justicia por parte del Gobierno
«Nos tememos que detrás de todo esto, de esta reforma, se escondan unos nuevos mecanismos que ahondarán, aún más, en el deseado control de la administración de Justicia al servicio del partido gobernante», ha añadido Romero.
Denuncian que el proyecto de Ley de Eficiencia Organizativa no garantiza los actuales centros de destino, ni las retribuciones y demás derechos laborales, y puede suponer una importante reducción de puestos de trabajo y supresión de servicios que presta la Administración de Justicia.
A juicio de los sindicatos, este proyecto de ley permite la movilidad funcional y geográfica del personal y la asignación de funciones correspondientes a otros centros de trabajo distintos de aquél en que se está destinado.
Nula voluntad de Justicia a cumplir la negociación colectiva
CSIF, CCOO, UGT y STAJ critican, no solo el cambio en la organización del sistema judicial desde la base, sino también la ‘nula’ voluntad del Ministerio de Justicia de cumplir la negociación colectiva, «que, cabe recordar, está obligado a ello tanto por el Estatuto de la Función Pública como por la Ley Orgánica del Poder Judicial, está obligado a negociar las condiciones laborales, de movilidad y retributivas de sus propias plantillas», ha reiterado Francisco Ruíz, delegado de CCOO.
Por último, el delegado de CSIF, Alfonso Sánchez, ha abundado en lo ya dicho y ha recordado que la administración de Justicia sufre un déficit de medios materiales y personales «que son estructurales» y que, ha añadido, «hacen que, siempre, el trabajador sea el pagano de cualquier reforma que lleven a cabo en la estructura judicial».
Más de 500 trabajadores en la provincia de Ciudad Real
En la provincia de Ciudad Real son más de 500 los trabajadores que se van a ver afectados por los cambios que introduce esta nueva ley, de ellos alrededor de 270 trabajan en el edificio de los juzgados de Ciudad Real capital, y los sindicatos han asegurado que si la situación no cambia en los próximos días no dudarán en ir a la huelga o ejercer otras medidas de presión.
La movilización no solo se ha celebrado en Ciudad Real, sino que al mismo tiempo se ha producido en las principales capitales españolas porque afecta a todas las categorías de la oficina judicial de toda España.
