El último pleno del año en Daimiel sirvió para respaldar la propuesta de la concejalía de Hacienda de un Plan Económico-financiero con medidas de corrección que permitan al Consistorio en el año en curso y el siguiente adaptarse a objetivos de deuda pública (estabilidad presupuestaria y regla de gasto, sí se cumplen) y evitar la aplicación de medidas coercitivas, según informan fuentes municipales.
Aunque el nivel de endeudamiento de la administración local se situaba en el 107,70 por ciento en 2013, la clasificación de Emumasa como administración pública, generó que el guarismo sobrepase el límite del 110% de los ingresos ordinarios de la última liquidación practicada, como rige la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
La puesta en marcha de estas medidas implica que no se concierten operaciones de crédito a largo plazo hasta que no se alcance el límite. En el capítulo de ingresos se actúa mediante la actualización de catastro urbano y rústico y revisión del I.A.E. Entre tanto, se ha solicitado concurso de acreedores de Emumasa. En el primer semestre de 2015 entrarán en vigor unas determinaciones que implicarán asimismo conceptos recogidos en el último Plan de Ajuste.
Izquierda Unida reconoció que la deuda generada con el gobierno anterior del PSOE va a “condicionar la política económica muchos años” prolongándose, consideró, durante al menos otros seis ejercicios más para un Ayuntamiento que catalogó de “sobredimensionado” y “sobre endeudado”. Sin embargo, indicó el concejal Juan Julián Rodríguez de la Rubia, la contrariedad es “priorizar el pago de la deuda sobre los ciudadanos”. El edil indicó que si se hubiese tenido “prudencia, criterio y sentido común probablemente no hubiese pasado o lo hubiese hecho con menos incidencia en el presente y futuro de las cuentas municipales”
Sin embargo, desde las filas socialistas, la portavoz Cristina Maestre, justificó la deuda generada por la creación de infraestructuras municipales y echó en falta mayores gestiones para atraer empresas. Del mismo modo, pidió al responsable de Hacienda que denunciase cualquier “irregularidad” que haya detectado en los órganos competentes.
El alcalde por su parte, Leopoldo Sierra, expresó que la deuda condiciona cualquier tipo de iniciativa. “No hacemos cosas porque no tenemos dinero para pagar”, objetó. “No engañen a la sociedad porque quien esté los próximos cuatro años estará obligado a pagar 2,8 millones de euros”, denunció. Sierra remarcó que al inicio de la crisis, cuando ya se vislumbraba una situación de dificultad, “seguían gastando”.
