El Partido Popular de Miguelturra ha denunciado que la alcaldesa socialista, Victoria sobrino, se ha saltado las ordenanzas con un decretazo. Según han recordado, en el Pleno del pasado mes de noviembre, el equipo de Gobierno llevó una propuesta de modificación de la ordenanza nº 39, que es la que regula la cesión para uso de la fibra de propiedad municipal, una infraestructura que se construyó entre el 2005 y 2008 en su mayoría con fondos europeos y que costó cerca de 2 millones de euros de dinero público. En aquel Pleno, la oposición no vio conveniente modificar el precio de la tasa que se cobra por la cesión de esta infraestructura y entendió que la tasa fijada en el 2008 y que hasta el día de hoy no se ha modificado es la correcta.
Pero, el pasado 22 de febrero, el equipo de Gobierno del PSOE volvió a llevar esta misma propuesta y, en las comisiones previas donde se tratan los temas que van a ir a Pleno, se les escapó que esta propuesta viene a consecuencia de una reclamación a la liquidación de la tasa correspondiente al año 2016 que la empresa ha interpuesto al Ayuntamiento por no estar de acuerdo con la liquidación, cuestión que nos resulta chocante ya que la tasa no se ha modificado en los 10 años que lleva implantada la ordenanza nº 39.
Justo ese día, el Grupo Popular solicitó el expediente de la reclamación y todos los informes y documentación que obrara en poder del Ayuntamiento y ha sido este viernes, cinco meses después, cuando entregaron la documentación al Grupo Popular y comprobaron que, el día 14 de junio, Alcaldía había firmado un decreto admitiendo el recurso presentado y procediendo a la liquidación con una rebaja de la cuota a pagar de más del 70%.
“Desde el Grupo Popular tenemos claro que Alcaldía no es que no deba, sino que no puede atribuirse las competencias del Pleno, que es quien fija la cuantía de las tasas e impuestos que nuestros ciudadanos y empresas pagan en nuestro municipio”, han aseverado.
Además, le ha exigido a la alcaldesa que dé marcha atrás y anule el decreto del 14 de junio y que lo haga con celeridad, que reclame el pago de la liquidación de 2016 y 2017 con los mecanismos que la ley pone en la mano de este Ayuntamiento para cobrar lo antes posible esta tasa, al igual que cuando cualquier vecino deja de pagar cualquier impuesto, que si la empresa considera que lleva razón que actué como considere y nos reclame la devolución por vía contencioso-administrativa o defienda sus derechos como considere oportuno.
Desde el Grupo Popular le dan al equipo de Gobierno hasta el viernes 13 de julio para anular el decreto y, si no lo hace, este asunto será puesto en manos de la justicia.
