Los diputados «populares» por la provincia de Ciudad Real, Carmen Fúnez y Enrique Belda, se han dirigido al Ministerio del Interior para que facilite información completa sobre las previsiones de mantenimiento y reforma de instalaciones, y sobre el estado de ejecución de las ya aprobadas, en todos los cuarteles de la Guardia Civil y comisarías del Cuerpo Nacional de Policía de la Provincia de Ciudad Real. Piden, además, información contable y presupuestaria ante reformas y gastos comprometidos y no ejecutados.
«Las personas residentes en Ciudad Real observan con asombro el hecho de que varios representantes del Gobierno Central en la Comunidad Autónoma y la Provincia pregonen supuestas inversiones en materia de seguridad centrándose en apuntes contables, al tiempo que perciben con sus propios ojos el lamentable estado de las infraestructuras afectas a la prestación de los servicios», declaran.
Señalan los diputados populares que «la mayor parte de los cuarteles y comisarias, con décadas de antigüedad, aguardan con paciencia que se concreten promesas incumplidas o directamente aparcadas durante los últimos cinco años de gestión del Ministerio del Interior». Aseguran que «la distracción que suponen ciertas consignaciones presupuestarias para redacción de proyectos o estudios previos ya no engañan ni a los agentes ni a los usuarios de estas infraestructuras, que piden la ejecución de reformas, y especialmente, la renovación profunda de inmuebles arcaicos, que impiden la prestación de un servicio de calidad y el desempeño de una actividad imprescindible en un ambiente de salud laboral».
Subrayan, por último, la desatención personal que, a su juicio, «revela el señor ministro del Interior en lo que se refiere a las inversiones de medios y efectivos, lo que ha sido causa de recientes tragedias». «Si es cierto, como sostiene este responsable y corea todo el aparato afecto a las consignas del actual Gobierno en la provincia, que la situación económica es espectacular y que los indicadores van «como una moto», no se sabe bien la causa que permite seguir aplazando la construcción o profunda reforma de las infraestructuras al servicio de la seguridad y la protección de los derechos y libertades», han concluido.
