Carmen Fúnez y Enrique Belda, diputados del PP por la provincia de Ciudad Real, han reclamado una financiación justa para los ayuntamientos y una fiscalidad responsable para los ciudadanos, solicitando al Gobierno de España que reforme la financiación local simultáneamente con la autonómica, y que adopte con carácter urgente medidas para solucionar de manera definitiva la situación de aquellos Ayuntamientos en situación de especial dificultad económico-financiera.
En nota de prensa han estimado que dichas medidas deben adoptarse, «sin excepción», para todas las entidades locales con estos problemas y evitar así discriminaciones: «Instamos al Gobierno de Sánchez a que, con carácter urgente, cumpla con lo acordado en la Comisión Nacional de Administración Local, y solucione el problema generado a todos los Ayuntamientos al haber retirado del Real Decreto-Ley 1/2025 la actualización de las entregas a cuenta de la participación en los tributos del Estado».
Menoscabo de las arcas municipales de 1.159 euros
Esta omisión ha provocado, en su opinión un menoscabo en las arcas municipales de 1.159 millones de euros, y denuncian que la ministra de Hacienda, «no cumpliendo con su promesa de incrementar un 13% las entregas a cuenta», ha demostrado, «una vez más», su falta de compromiso y la escasa sensibilidad del Ejecutivo hacia las administraciones más cercanas a la ciudadanía.
El Partido Popular, han afirmado ambos diputado, se compromete a aplicar una fiscalidad moderada. «La rebaja de impuestos es una seña de identidad de nuestra gestión, que alivia la carga de las familias y fomenta la actividad económica, siempre teniendo en cuenta las posibilidades económico-financieras de cada ayuntamiento y las reglas fiscales vigentes».
La bonificación del IBI para vivienda habitual o en alquileres específicamente dirigidos a jóvenes es otra de las medidas que han asegurado que promoveran desde su partido. Esta medida tiene como objetivo «facilitar el acceso a la compra y/o al alquiler, incentivando a su vez el mercado inmobiliario».
Para ello, ha asegurado que solicitarán impulsar la modificación legislativa para incorporar en el tributo elementos de carácter personal (edad, vulnerabilidad social, ingresos etc.), como ya se hace con las familias numerosas, que faciliten una mejor determinación de la capacidad económica del propietario, sólo aplicables a las viviendas. Esta medida, ha señalado se aplicaría también cuando el inquilino o arrendatario cumpliera la condición, teniendo en cuenta, en este caso, el importe de la renta a percibir por el propietario.
Estas medidas, han explicado los diputados, han sido acordadas con alcaldes populares y se han materializado en la reciente Declaración de Zaragoza, de donde también se extraen dos importantes líneas de profundización en la política local: primero, la perseverancia en conseguir servicios públicos de calidad que contribuyan a la conciliación, consolidar los espacios para las familias y mejorar la habitabilidad y cuidado de nuestros entornos urbanos. Y en segundo término, la simplificación de las relaciones de los ciudadanos con la administración local.
«Los españoles no pueden verse sometidos a un laberinto de trámites, papeleos, duplicidades y peregrinación interminable por los diferentes niveles de la administración. La simplificación debe ser un objetivo constante y también desde las ciudades nos comprometemos a trabajar en ella».
