Los representantes del PSOE en el Consorcio RSU han votado en contra de la nueva subida del 2,9% en el recibo de la basura, aprobada por PP y Vox en la última Junta General, por tratarse de una subida desproporcionada e injustificada, y de una propuesta insostenible y sin visión estratégica, que ha salido adelante con el voto de calidad del presidente del Consorcio, Carlos Villajos, ha informado el PSOE en un comunicado.
Una decisión que el portavoz del Grupo Socialista en la Diputación, José Manuel Bolaños, ha calificado como “un nuevo estacazo a los bolsillos de los vecinos y vecinas de la provincia”, y que vuelve a cargar sobre la ciudadanía el peso de una gestión ineficaz, opaca y puramente recaudatoria de PP y Vox. “No hay ningún estudio económico que avale esta subida de las tasas”, ha afirmado Bolaños, señalando que el RSU no ha justificado ni la necesidad ni el destino de este incremento del 2,9%.
“El compromiso del PSOE es con una gestión de residuos justa, eficiente y adaptada a las necesidades reales de nuestros vecinos y vecinas, y esta propuesta no responde a esos principios”, ha subrayado. “Por eso los representantes socialistas han votado en contra y hemos solicitado una revisión profunda e inmediata del modelo tarifario”.
Bolaños ha recordado que el Grupo Socialista no solo rechaza esta subida del recibo, sino también que la Diputación, a través del Consorcio RSU, siga cobrando a los ciudadanos el canon de vertidos que antes asumía la propia institución provincial. “Han pasado de cobrar 10 euros por habitante a 9,60 euros, lo que demuestra que estaban cobrando de más, pero esta mínima reducción de 0,40 céntimos por habitante es insuficiente”, ha explicado.
“El canon de vertidos debe ser asumido por la Diputación, bien mediante una subvención directa al Consorcio RSU, o bien a través de una línea de ayudas a los ayuntamientos para que sean ellos quienes lo gestionen, pero nunca los vecinos y vecinas quienes lo paguen de su bolsillo cuando la institución provincial tiene recursos para evitarlo”.
Una gestión centrada en recaudar por parte de PP y Vox
El portavoz socialista ha recordado que PP y Vox lleva dos años cargando a la ciudadanía un canon de vertidos inflado, aplicando 10 euros por habitante que ha supuesto una recaudación superior a la necesaria para cubrir el impuesto europeo de residuos. “Y lo peor es que estos ingresos extra no se han destinado a mejorar el servicio, sino a engrosar los remanentes o a financiar campañas publicitarias innecesarias”.
José Manuel Bolaños ha reiterado que la Diputación tiene capacidad económica suficiente para asumir el canon de vertidos. “Siempre han contado con recursos suficientes, porque heredaron una institución saneada, pero han preferido no hacerse cargo del impuesto y que lo pague la gente”, ha lamentado. “No lo hacen porque no quieren, no porque no puedan”.
En este sentido, Bolaños ha indicado que, lejos de corregir los errores, la dirección del RSU de PP y Vox persiste en su afán recaudatorio, subiendo las tasas e incrementando los ingresos por encima del coste real de algunos servicios. “Están cobrando más de lo que cuesta prestar determinados servicios, como en el mantenimiento de los puntos limpios, donde se han cebado especialmente al penalizar con tarifas más elevadas sin tener en cuenta la capacidad operativa de cada municipio”.
No hay que olvidar que el RSU cerró el último ejercicio con superávit y previsión de inversiones, lo que demuestra que esta nueva subida es totalmente innecesaria. “No hay mejoras en la calidad del servicio, no hay transparencia y no hay una explicación clara del porqué de este nuevo incremento del 2,9% ni del mantenimiento del cobro del canon a los vecinos”, ha asegurado Bolaños.
Por último, el portavoz del Grupo Socialista ha advertido que el presupuesto del RSU para 2026 no responde a los principios básicos de una buena gestión pública. Por ello, ha instado a la dirección del Consorcio a realizar una revisión profunda del modelo actual y a incorporar medidas que garanticen eficiencia operativa, diversificación de ingresos y una planificación estratégica real, que sitúe a la Diputación al lado de los ayuntamientos y de la ciudadanía, y no frente a ellos.
