J. C. Chinchilla
Ciudad Real
“Estamos convencidos de que si el alcalde y el equipo de gobierno tuvieran la inteligencia de saber cuál es la obligación que asumieron y fueran capaces de echar un ordago a la presidenta de Castilla-La Mancha, mostrando su posición de absoluto de rechazo a la privatización del hospital, probablemente esa medida no se llevaría a efecto en Manzanares”.
Con estas palabras el portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Manzanares, Julián Nieva, incidió en que si el alcalde trabajara en favor de los intereses de los manzanareños sería posible evitar la privatización del Hospital Virgen de Altagracia.
En este sentido el portavoz socialista aseguró que lo que tendría que hacer el primer edil es unir sus fuerzas a la Plataforma de defensa del hopiral que esta luchando contra la privatización y sumarse a la población que también rechaza esta medida.
En este sentido Nieva indicó que el primer edil ha intentado minimizar y “desprestigiar” la respuesta a las acciones de la Plataforma, como ejemplo, la manifestación del pasado día 15, a la que, según la propia Plataforma, acudieron unas 12.000 personas.
Para Nieva el alcalde, Antonio López de la Manzanara, está llevando a la localidad a una situación límite, de total desgobierno y de espaldas a la inmensa mayoría de los ciudadanos.
Apagón informativo
Además el portavoz socialista también se mostró contrario a la decisión drástica del alcalde de cerrar la radio y la televisión públicas municipales y, consecuentemente, mandar al paro a los nueve profesionales que desarrollan su labor en ellos.
A ese respecto, Nieva lo tiene claro, “lo que pretende el alcalde de Manzanares con el cierre de estos medios es llevar a nuestra ciudad a un apagón informativo generalizado, de tal manera que los disparates y los despropósitos que se están produciendo no tengan eco”.
Por otro lado Nieva indicó que en el pasado Pleno se solicitó la la creación de una Comisión Municipal que investigase las acusaciones vertidas por la concejal de Servicios Sociales sobre las condiciones higiénico sanitarias en que se encontraba la Vivienda Tutelada en el momento de producirse el cambio de empresa para la gestión de dicho recurso.
Al respecto denunció el procedimiento “vergonzoso” para la elección de la nueva empresa, cuya única referencia es haber sido condenada en un juzgado de Córdoba por discriminación a trabajadoras discapacitadas.
