La alcaldesa de Argamasilla de Calatrava, Jacinta Monroy, y los dos concejales procesados y absueltos de delito ecológico por la falta de depuradora en la localidad, siguen pendientes de embargos cinco meses después de la sentencia absolutoria, que ni es firme ni está recurrida.
“Me parece inaudito lo que está pasando, no me había sucedido nunca”, dice Judit Gené, la experimentada abogada que defiende a la alcaldesa. La denuncia de los vertidos, a la que luego se sumó la fiscalía y Ecologistas en Acción, partió de una ciudadana particular, Pilar López, en el año 2014, que además de molestias y daño ambiental en el río Tirteafuera, denunció problemas de salud derivados de las aguas fecales vertidas al filtro verde, próximo a su vivienda en el El Juncal.
El pleito, de 2018, ha sufrido además el impacto de la pandemia, con el cierre de los juzgados y la suspensión de plazos en el primer estado de alarma. De modo que el juicio, previsto inicialmente para marzo de 2020, se terminó celebrando en abril de este 2021, en seis intensas sesiones ante la sección primera de la Audiencia Provincial.
La alcaldesa y los concejales, en el disparadero público desde al menos tres años, consiguieron que la sala hiciera lo que para ellos es justicia: dictar una sentencia absolutoria, tan contundente como para que la Fiscalía de Ciudad Real ni se haya planteado recurrir. El fallo determinó que los tres acusados, la alcaldesa y los dos últimos concejales de Medio Ambiente, no eran responsables de que no hubiera depuradora en la localidad, ni actuaron con mala fe.
Las acusaciones piden justicia gratuita
Ecologistas en Acción, una de las partes que ejerció la acusación popular, se planteó recurrir, solo que al tratarse de una ONG sin ánimo de lucro, no dispone de fondos para continuar ante el Tribunal Supremo con este asunto y asumir costes adicionales, por lo que solicitó una suspensión de los plazos para recurrir en el mes de mayo, mientras pedía el beneficio de la justicia gratuita al Colegio de Abogados de Ciudad Real. A lo mismo se apuntó la acusación particular, que hasta esa fecha y según Gené se había pagado sus costas.
Suspensión de plazos
La sala decidió entonces suspender el plazo de cinco días que dio para anunciar el posible recurso y esperó. El 21 de julio Ecologistas en Acción en Ciudad Real, reunida en asamblea, votó desistir de seguir acusando a estas personas por delito contra los recursos naturales. En ese tiempo llega la denegación de la justicia gratuita a la acusación particular y con esa información la sala pide informes al Colegio de Abogados de Ciudad Real que el pasado 10 de agosto dice que a la denunciante se le ha denegado ese beneficio.
Situación “rocambolesca”
No obstante el abogado de esta parte se dirige de nuevo a la Audiencia Provincial para pedir una nueva suspensión de los plazos para anunciar recursos, porque aportarán una documentación al colegio para acreditar el derecho a la justicia gratuita (se la habían solicitado y faltaba en el primer envío de documento). Por lo que la suspensión de los cinco días hábiles para recurrir suma y sigue la agonía de los imputados. “Estamos viviendo una situación rocambolesca”, añade Gené.
