Belén Rodríguez
Ciudad Real
Julián Romero y unas cincuenta personas más de la provincia, en una estafa en la que hay decenas de afectados en Ciudad Real, Toledo, Madrid, Barcelona y Benidorm, han conseguido que el Tribunal Supremo ratifique -el fallo es del año pasado- la sentencia del año 2012 de la Audiencia de Barcelona por la que se condenó por estafa agravada a los cabecillas de un falso grupo inversor, Gestihimo S.L. (Centro de Informática Ciutat L’Hospitalet S.L. y New Trasfer Siglo XXI) que hace más de quince años, entre 1999 y 2002 se hicieron con unos 4 millones de euros de incautos como Romero.
Policía jubilado, víctima del terrorismo (sobrevivió a una atentado en 1978), este hombre invirtió 84.000 euros, parte del dinero de aquella indemnización en este grupo que tenía una hábil red de cooperadores en el negocio, que finalmente no han sido condenados, y los únicos inculpados los hermanos Lorenzo y Purificación Franco Checa, ni han ingresado en prisión ni han pagado un sólo euro de la cuantiosa indemnización.
“El dinero ha volado pero ha sido por la lentitud de la justicia, en especial de la catalana”, explica Romero. El caso, que primero se iba a ver en la Audiencia Nacional, porque afectaba a varias provincias, fue yendo de un lado a otro hasta que en 2010 las diferentes asociaciones de afectados lograron que se abriera el juicio en Barcelona, la condena llegó dos años después, y ahora la ratificación del Supremo (que rebaja parte de las costas impuestas), “en catorce años desde que se destapó todo han tenido tiempo de poner el dinero a buen recaudo”, dice Romero, que está intentando promover una acción contra la administración de Justicia por “este despropósito”. “No puede ser que quien robe mucho no pague por ello. En este país no hay justicia”.
Por su parte Dionisio Pérez, abogado de Romero, confirma que Lorenzo Franco está en Marruecos y las investigaciones sobre su patrimonio no han dado ningún resultado.
