A. R.
Ciudad Real
Aunque la mayor parte del trabajo de AI sigue siendo de carácter internacional, se ha intensificado en España durante los últimos años para “evitar la represión en derechos”, destacó ayer el presidente de la Sección Española de Amnistía Internacional, el manchego Alfonso Sánchez, quien participó en una charla-coloquio sobre la relación de la crisis económica con la crisis en la protección de los derechos humanos.
Sánchez, natural de Valdepeñas y residente en Talavera, trasladó el mensaje de que “los derechos humanos no son un lujo propio de épocas de bonanza” y que las obligaciones del Estado no se atenúan ni desaparecen porque haya crisis o dificultades económicas, sino que “tienen que seguir protegiéndose de manera adecuada todos los derechos humanos”.
Además de hablar de diversas problemáticas en diferentes partes del mundo, Sánchez resaltó en su intervención que, en el caso de España, la crisis económica “ya se ha convertido en una crisis de derechos humanos y tenemos ejemplos muy evidentes como son la violación del derecho al acceso a la salud para más de 800.000 personas inmigrantes en situación irregular a las que se les retiró la tarjeta sanitaria hace dos años” y la falta de protección absoluta del derecho a la vivienda permitiéndose que se desahucien y desalojen a personas de sus hogares “sin una vivienda alternativa y sin garantías jurídicas de ningún tipo”.
También en España se ha visto afectado el derecho a la libertad de expresión y manifestación, agregó Sánchez, que indicó que “lo hemos visto tanto en el uso excesivo de la fuerza por la policía en manifestaciones en contra de las políticas de austeridad adoptadas por el Gobierno y las instituciones europeas”, como en “las reformas que tiene ahora mismo el Gobierno en marcha del código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana”.
Retroceso en libertad
A este respecto, expuso que la Ley de Seguridad Ciudadana que se quiere aprobar supone “un retroceso bastante importante en cuestiones de libertad de expresión y manifestación”. Por ejemplo, se habla de multas de hasta 30.000 euros para quienes graben a policías en manifestaciones, apreció Sánchez, que indicó que se trata de una medida que va contra el derecho a la información, y además “no nos va poder permitir sacar a la luz pública determinados abusos por parte de la policía que quedarán en la impunidad”.
“En muchas manifestaciones que se han producido últimamente, gracias a las cámaras de periodistas o ciudadanos se ha conseguido demostrar que ha habido un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía”, señaló Sánchez, que también expresó la preocupación de Amnistía por la enmienda que se quiere incluir para permitir, en relación con la gestión de fronteras, “las expulsiones en caliente, medida que rechazamos por completo porque está en contra el derecho internacional, en contra del derecho europeo y en contra de la propia Ley de Extranjería”. Estas expulsiones afectan a “personas que en muchos casos son refugiados o que buscan asilo”, medida que cuando se ha aplicado ha sido denunciada por Amnistía Internacional por ser ilegal y que, siendo una violación de los derechos humanos, se quiere hacer ahora legal, lamentó.
