TOLEDO, 6 Feb. (EUROPA PRESS) –
El Tribunal de Cuentas (TC) ha emitido el Informe Anual de Fiscalización de Castilla-La Mancha correspondiente al año 2012, primer informe desde la supresión de la Sindicatura de Cuentas de la región y que se refiere al primer año completo con el Gobierno del Partido Popular, en el que hace a la Comunidad Autónoma un total de 10 recomendaciones.
En primer lugar, en este informe, recogido por Europa Press, el TC insta a la Comunidad Autónoma a «efectuar las modificaciones normativas oportunas para adelantar el plazo de rendición de cuentas al 31 de julio –o incluso al 30 de junio– del ejercicio siguiente a que se refieran», para así facilitar el acercamiento en el tiempo del control a efectuar por el propio Tribunal.
Del mismo modo, recomienda que la Cuenta General de la región integre las cuentas de todos los entes del sector público regional, «no solo de los sujetos a contabilidad pública».
Otro de los consejos desde el TC indica que la Junta «debería proceder a la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública», lo que «podría solventar la carencia de información necesaria para conocer la situación financiera de la Administración autonómica».
«Debería valorarse una norma que regule el procedimiento de rendición de cuentas anuales en los casos de modificaciones estructurales entre las entidades del sector público que supongan la extinción de entidades públicas sin que exista un proceso de liquidación», señala el informe.
Igualmente se pide a la Comunidad Autónoma que elabore un plan de disposición de fondos «como instrumento de planificación de las disponibilidades líquidas» y «potenciar la conexión automática entre el inventario y el sistema de información contable».
PIDE MÁS INFORMES DE FUNDACIONES, EMPRESAS PÚBLICAS Y CONSORCIOS
De otro lado, el TC asegura que Castilla-La Mancha «debería dictar la norma oportuna que regulase la elaboración de un informe por las fundaciones, empresas públicas y consorcios a presentar junto con sus cuentas anuales», relativo al cumplimiento de las obligaciones de carácter económico financiero asumidas como consecuencia de su pertenencia al sector público.
Insta además a la Junta a modificar el Texto Refundido de la Ley de Hacienda para incluir la obligación de remitir a este tribunal de forma anual un informe sobre el seguimiento de los expedientes de reintegro y sancionadores derivados del ejercicio de control financiero.
Por último, en relación a la contratación administrativa, los órganos de contratación «deberían observar una mayor precisión y concreción a la hora de justificar la necesidad para el servicio público de los contratos adjudicados», así como en la expedición de los certificados de existencia de crédito presupuestario.
