Lanza / Ciudad Real
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) ha anulado el acuerdo del 30 de marzo del 2012 por el que el Ayuntamiento de Ciudad Real asumía la gestión del Centro de la Mujer, hasta ese momento gestionado por la Diputación, y se subrogaba a las seis trabajadoras que tenía, entre las que se encontraban la actual alcaldesa de la capital, Rosa Romero, y la actual concejal de Bienestar Social, Amparo Messía de la Garza.
Según ha dado a conocer este lunes CCOO, que presentó un recurso contra el acuerdo de Pleno, el Tribunal Superior considera un «fraude de ley» la conversión en plazas fijas, pasaban a formar parte de la plantilla municipal, las plazas de las seis trabajadoras, que mantenían un contrato de carácter temporal con la Diputación.
En rueda de prensa, el secretario provincial de CCOO, José Manuel Muñoz Expósito, ha señalado que la sentencia, que podrá ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, declara nulo el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Ciudad Real.
En este sentido, las seis plazas deberían haber sido convocadas por oposición, con publicidad, y teniendo en cuenta la capacidad y el mérito de las posibles aspirantes, según ha recogido la sentencia.
CCOO ha negado que haya puesto en cuestión el funcionamiento del Centro de la Mujer, un servicio que estima necesario, pero ha remarcado que la conversión de plazas en puestos de trabajo dijo se ha hecho de manera «irregular».
A la espera de un posible recurso, desde CCOO considera que el servicio debería volver a depender de la Diputación de Ciudad Real.
CENTRO EN PELIGRO
Por su parte, el Ayuntamiento considera que la sentencia, tras el recurso de CCOO, es un «varapalo» a un trabajo esencial que se realiza para una población femenina, que necesita de proyectos de intervención para el empleo, inclusión social y violencia contra las mujeres.
El equipo de Gobierno, en un comunicado, señala que el Ayuntamiento «dio un paso al frente» tras la propuesta de la Diputación «para que no se perdiera el servicio».
Ahora, tras la sentencia que anula el convenio entre las citadas instituciones, se incida, las competencias y el personal revierten a la Diputación provincial que tendrá que decidir qué hace al respecto.
Pero, de momento, se remarca, «Ciudad Real, Poblete, Villar del Pozo y Carrión de Calatrava se quedan sin este servicio esencial para la defensa de los derechos de las 30.000 mujeres que han sido atendidas durante 2013 a través del Centro de la Mujer».
Respecto a las trabajadoras del Centro, el Ayuntamiento quiere aclarar que su situación laboral es exactamente la misma que cuando prestaban servicio en la Diputación provincial, como así lo afirma la sentencia.
