Las familias que viven en la España rural, en territorios de baja densidad, asumen en movilidad “sobrecostes” del “20 por ciento”. Luis Camarero, director de la nueva cátedra de Población Rural y Sostenibilidad Social que ha puesto en marcha la Uned bajo el impulso de la Diputación de Ciudad Real, señala dos puntos claves a la hora de retener población: la responsabilidad social territorial y la movilidad.
“Si hablamos de zonas de vivienda tensionada cuando las familias destinan el 30 por ciento de sus ingresos disponibles a los gastos de vivienda, en buena parte de las zonas rurales podríamos hablar de movilidad tensionada”, afirma el sociólogo en entrevista con Lanza. La diferencia es notable con respecto a las zonas urbanas, donde calculan que “los ciudadanos gastan entre el 8 y el 12 por ciento”. Y todo ello, sin tener en cuenta los sobrecostes de “tiempo, siniestralidad y conciliación de la vida familiar y laboral”.
Hay que tener en cuenta que el vehículo privado es el que soporta en la actualidad la mayor parte de la movilidad, lo que supone una “ventaja” para ciertos grupos generacionales, pero “fuertes desigualdades” para otros. Por un lado, para la población mayor y joven, que no tienen licencias de conducir, además de para los inmigrantes, que pueden tener dificultades para obtenerlas por el desconocimiento del idioma. Y, por otro, para las capas sociales con bajos ingresos, “que no pueden soportar los gastos del mantenimiento y consumo de los vehículos”.
La reducción de esos sobrecostes y la mejora de la movilidad y accesibilidad, en palabras de Luis Camarero, “es una cuestión central en la que hay que trabajar”. Así pues, mientras que antes estaba el dicho “si hay una carretera es para que los jóvenes se vayan”, ahora si no existe “es que ya se han ido”. La movilidad en las áreas rurales, donde los mercados de trabajo son “muy restrictivos” es fundamental para mejorar el arraigo, porque es la que permite “una alta movilidad con las cabeceras comarcales y áreas urbanas”, donde acceden al empleo y a servicios públicos.
En Europa, ya se habla de “cinturones natalistas”. “Las poblaciones jóvenes que van a tener hijos salen de los centros urbanos, porque la vivienda es cara, y de los rurales, porque es difícil el acceso a los servicios educativos, y se concentran en periferias urbanas donde tienen una mejor conectividad con los mercados laborales y los servicios”, señala el catedrático, que también apunta que no solo importa la conectividad por carreteras, sino también “digital”. En este ámbito, Ciudad Real es un ejemplo, “porque tiene una conectividad casi uniforme”.
Responsabilidad social territorial
La otra clave es la responsabilidad social territorial, pues “no solo hay que conectar a las personas con los servicios públicos, sino que también con servicios de operadores privados, como mensajería, banca, venta de alimentos”. Los ciudadanos tienen a través de las citas electorales la posibilidad de exigir a los partidos políticos mayor cobertura de servicios públicos, pero a las empresas es más difícil. Por eso, Camarero considera relevante que, “en el contexto europeo, las compañías incluyan en sus planes medidas de arraigo poblacional”.
Por ejemplo, el catedrático explica que las empresas de logística tienen preferencia por las áreas rurales, “porque consumen mucho espacio, que es barato”, pero a veces “puede que no lleguen a aportar nada a los territorios”. Una forma de comprometerse con las áreas rurales sería “ofrecer cualificación a la población local para integrarse en sus plantillas, normalmente muy cualificadas, para atender procesos muy robotizados”.
