Según el escrito de acusación, los hechos comenzaron en 2018 cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de la existencia de varias personas que compraban, vendían y distribuían a terceros cocaína y cannabis en las localidades de Almadén y alrededores.
Así, en base a una serie de solicitudes de la referida unidad sobre intervenciones telefónicas dirigidas al Juzgado de Almadén se autorizó la intervención de los teléfonos de varios acusados. En febrero de 2020, se acordó el registro de domicilios de la mayoría de acusados, donde se les incautaron los estupefacientes.
Por estos hechos por los que se les acusa, el Ministerio Fiscal pide 48 años y cuatro meses de cárcel para todos los acusados así como multas de 413.810 euros en total.
