Belén Rodríguez
Ciudad Real
O se dota de más medios a los juzgados con atribuciones de violencia de género en la provincia (no hay ninguno especializado) o los funcionarios no se hacen responsables de las consecuencias.
En estos términos de ultimátum finaliza un escrito dirigido al ministro de Justicia Rafael Catalá, que firman 79 funcionarios de los juzgados con competencias de violencia de género de la provincia, una de las muchas de España que no tiene juzgados especializados, ni siquiera por comarcas, en violencia machista.
En consecuencia y como viene denunciando el sector desde hace años el trato que se da a las víctimas no es bueno, mientras que para los funcionarios que ocupan plazas en estos órganos judiciales, ir destinado a uno de ello es un castigo, en el que no se respetan horarios y “los medios materiales y personales no son suficientes”.
La casualidad ha querido que este escrito, que se ha remitido esta semana al Ministerio de Justicia, haya coincidido con el doble crimen de Daimiel, y el compromiso público de todos los dirigentes políticos en avanzar para acabar con la que llaman “esta lacra social”.
Para los funcionarios que día a día atienden a las víctimas un modo fácil de hacerlo es empezar por aquí. “Los procedimientos que se tramitan y las partes afectadas por estos asuntos no obtienen la necesaria dedicación, los unos, y el trato adecuado las otras”, dicen, y denuncian que “los funcionarios de justicia somos testigos de primer plano de las anomalías en el funcionamiento de los juzgados”.
Ni siquiera en la capital existe un juzgado especializado de violencia de género, sino que uno de los siete mixtos (de instrucción y primera instancia) compatibiliza esta función (siempre está de guardia en horario de audiencia para violencia doméstica) con el resto de asuntos.
Lo explican los funcionarios en su escrito: “Un día allá por el año 2005 se nos dijo: chicos, a partir de ahora vais a ser especialistas en esta materia, se nos puso ese cartel en la puerta del juzgado y lo hemos tenido que ir defendiendo con esfuerzo y dedicación”.
También se quejan de que las dependencias no son adecuadas. “Por desgracia ocurre con frecuencia que tienen que esperar en el mismo recinto el presunto agresor, la presunta víctima, hijos menores de edad y resto de personal de la oficina judicial con el riesgo que supone”.
