Este pacto supone un desprecio indignante al diálogo social, tal y como también manifiesta Fecir, al que dinamita; al papel que la propia Constitución otorga a los agentes sociales y, en este sentido, a las propias instituciones del Estado en el momento más delicado de la economía española y, por tanto, cuando este diálogo se hace más necesario.
Tanto es así, que desoye también las recomendaciones emitidas este miércoles por la Comisión Europea, en las que plantea la necesidad de fundamentar la recuperación a medio plazo en medidas de apoyo al empleo tomadas de acuerdo con los interlocutores sociales, tales como la flexibilización de las condiciones laborales.
El pacto alcanzado es de una irresponsabilidad mayúscula y tendrá unas consecuencias negativas incalculables en la economía española y en la confianza empresarial tanto nacional como internacional, que impactarán de forma profundamente negativa en el empleo.
En estos momentos, en los que el propio Gobierno aborda con patronal y sindicatos medidas de flexibilidad en el ámbito laboral para garantizar la subsistencia de miles de empresas y millones de empleos, en los sectores más castigados por el COVID-19, es totalmente incoherente y contrario suscribir un acuerdo para dar un paso atrás e incrementar la rigidez en el mercado laboral.
De esta forma, se echarán por tierra todos los esfuerzos realizados para, a través de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), lograr hibernar las plantillas y salvaguardar millones de puestos de trabajo.
