Desde este sábado, las empresas no podrán despedir por causas de fuerza mayor, o económicas, organizativas, técnicas y de producción mientras esté vigente el estado de alarma, incluidas sus posibles prórrogas.
El nuevo decreto ha sido publicado hoy en el Boletín del Estado (BOE) y según recoge no estará justificado despedir a los trabajadores por razones derivadas de la crisis sanitaria del coronavirus, tal y como explicó este viernes la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, para quien los empresarios “han de ser ejemplares” y proteger el empleo con el mantenimiento de los puestos.
La medida ha sido respaldada por los sindicatos de Ciudad Real, y la ven “acertada”, mientras que la patronal se ha mostrado más crítica y la ha calificado de “medida bolivariana”.
En concreto, el presidente de la Federación Empresarial de Ciudad Real (FECIR), Carlos Marín, ha considerado “una barbaridad” el anuncio porque “malo es que no se tomen medidas para salvaguardar las empresas” pero que no se permitan los despidos “es matar a la economía”.
Ha achacado a los principios de Podemos esta decisión “porque se creen que la carne nace en los estantes de los supermercados y que los puestos de trabajo surgen como las setas en los polígonos”. “No se dan cuenta, ha agregado, de que hay que cuidar a las empresas, y cuando se habla de que se ha prohibido el despido en Dinamarca, no dicen que el Gobierno ha dado 75% del valor de los sueldos a las empresas para salvaguardar los puestos de trabajo”.
A su juicio, la presencia de ministros de esta formación de izquierdas está provocando “manipulación”, por lo que a su juicio, el presidente del Gobierno “debería impulsar de una vez un gobierno de concentración con ministros prestigiosos del PSOE, del PP y de Ciudadanos, con gente válida que está acostumbrada a gestionar comunidades y ministerios, para tomar medidas realistas y que sepan que para salvar los puestos de trabajo hay que salvar a las empresas”.
“Es urgentísimo, ha agregado Marín, que el Ejecutivo central se libere del cepo de Podemos, sin calidad moral para gobernar, para valorar la creación y el mantenimiento de las pymes, micropymes y autónomos, si nos quieren cuidar como dijeron”.
El presidente de Fecir ha dibujado un futuro incierto para la economía porque “cuando salgamos” la recuperación “va a costar”.
“No sólo no están ayudando a los más pequeños, que somos la mayoría del tejido, sino que nos ponen cortapisas”, a la hora de que una empresa pueda despedir a parte de su plantilla porque la actividad está al 30 o 40% “por el estado de alarma”, se ha quejado.
“Si yo no puedo pagar y mantener a toda la empresa porque no facturo, ha sostenido, me veré obligado a hacer un concurso de acreedores o quiebra y todos los puestos se irán al paro y todos moriremos”. Y “estamos hablando, ha recordado, de pequeñas empresas, no de grandes, que también tendrán problemas a largo plazo”.
Por el contrario, ha alabado la actuación del Gobierno de Castilla-La Mancha “que nos está ayudando”, en la provincia a través de la Dirección provincial de Trabajo.
En otro momento, ha traslado la “gran incertidumbre de autónomos y pequeños empresarios, de Ciudad Real a los que desde Fecir están asesorando en “avalancha”. Las consultas, a su juicio, se incrementarán con la nueva medida “mortal y surrealista”, que “ha caído como un jarro de agua fría”.
A ello se suma que “hayamos empezado a tener serios problemas con entidades financieras, sobre todo con la rescatada por el gobierno, para renovar pólizas”.
Marín también ha denunciado las “amenazas” a la hora de pagar el cupón de autónomo, “que avisan de recargos del 20%”, cuando “todos estamos tocados de muerte”.
«Acertado completamente»
Muy en contra, el secretario general de CCOO en Ciudad Real, José Manuel Muñoz, ha visto “acertado completamente” el nuevo decreto, que da respuesta a “una petición de CCOO y UGT” ante “lo que empezábamos a detectar por parte de empresarios con el uso de la pandemia como excusa para quitarse del medio a la plantilla”.
Por ello, “estamos contentos de que el Gobierno haya hecho caso a la petición con la medida” para así “evitar situaciones injustas”.
Según Muñoz, también estarán vigilantes para “ver en qué términos se realizan y “estar muy atentos a cómo se suceden los hechos para evitar en todo momento que no se aprovechen de la situación tan dramática”.
A su juicio tendría que “tener carácter retroactivo desde el primer día del estado de alarma”, dado que “nos consta que hay sectores en Ciudad Real como en la construcción con casos donde dan de baja a los trabajadores, como vienen haciendo en verano, Navidades o Semana Santa, y los vuelven a contratar después”.
“Tenemos que evitar por todos los medios estos despidos porque no tienen garantía” y, por tanto, la decisión del ejecutivo “ha sido un acierto porque era vía de escape para vulnerar lo justo en un momento de alarma y tan excepcional”.
Muñoz ha señalado que en el caso de las empresas pequeñas que no puedan asumir la carga laboral “tienen los ERTEs”, con más de 2.000 presentados y casi 10.000 trabajadores afectados en Ciudad Real. Es una cifra “con la que ya pueden solventar el problema los empresarios y no recurrir al despido a no ser que sea una necesidad imperiosa”, ha dicho, a la vez que ha insistido “en que queremos proteger a los trabajadores de los empresarios que se quieren aprovechar, sin generalizar”.
«Magnífica solución»
En la misma sintonía se ha mostrado Antonio Torres, secretario general de UGT FICA en Ciudad Real, quien ha calificado de “magnífica, afortunada y acertada solución” y que, en su opinión, “complementa la vía de los ERTEs”.
Los expedientes de regulación de empleo “es una vía de escape o solución que beneficiaba a ambas partes, pero ahora se ha visto complementada”, ha dicho, y ha agregado que ·”estaremos pendientes de las condiciones e intenciones para que no haya intentos de aprovechar la situación”.
Son embargo ha echado en falta que en el complemento del 70% de la base reguladora en los ERTES, “se haya olvidado el número de hijos a la hora de la prestación de la Seguridad Social”, pues se ha tomado como baremo que no haya hijos. “De alguna manera se menosprecia y discrimina la situación familiar como sociedad, con los gastos que conllevan mantener a los hijos”, ha argumentado.
“Es una espinita” dentro de las medidas laborales del Gobierno, de las que con carácter general hace “una valoración buena y acertada”.
