El pasado miércoles, los sindicatos comenzaron a firmar los preacuerdos de los convenios colectivos del sector de la Limpieza de Edificios y Locales de la provincia de Cuenca; al que se sumó el viernes el de Guadalajara; anteayer martes, el de Toledo -que afecta también al sector de la Ayuda a Domicilio-; y se ha culminado con la firma para los trabajadores de la provincia de Ciudad Real.
Tras 18 meses en lucha, 15.000 personas, casi todas mujeres, tienen ya sus convenios colectivos firmados, con una subida salarial global del 13% en su periodo de vigencia, desde el pasado 1 de enero hasta el final de 2025: un 3% en 2023; 3% en 2024; 3% en 2025 y 4% en 2026 en las provincias de Ciudad Real y Toledo y un 3%-3%-3,5%-3,5% en las de Cuenca y Guadalajara.
«Hemos firmado por responsabilidad»
Desde los sindicatos han indicado que llegar hasta los aucerdos «nos ha costado mucho aceptar dejar en blanco el año 2022, cuando el IPC se disparó por encima de las dos cifras. Nos duele haber tenido que renunciar a las reducciones de jornada que reivindicábamos para mejorar un poquito las futuras pensiones de todas las trabajadoras del sector que tienen contratos a tiempo parcial, que son dos de cada tres».
No obstante, se felicitan por haber conseguido «algunos incrementos salariales dignos. Lo conseguido es fruto de la lucha de las trabajadoras, que han tenido que disputar a sus patronales cada punto porcentual, cada décima de punto. Avances salariales que en otros sectores se han alcanzado y firmado sin esfuerzo ninguno, a las trabajadoras de la Limpieza les han costado, por su condición de mujeres, más de un año de conflicto y decenas de movilizaciones, concentraciones y huelgas».
Desde los sindicatos, denuncian en nota de prensa, «el mandato de las Cortes al Gobierno de Castilla-La Mancha se quedó sin atender. Las contratas de la limpieza de la JCCM tenían, tienen y tendrán dotación económica sobrada, nos dijo la secretaria general de Consejería de Hacienda. Pero en cómo se distribuya ese dinero entre el lucro empresarial y los salarios de las trabajadoras, sea justo o no el reparto capital/trabajo, ahí el Gobierno autonómico no entra».
Finalmente, dicen, «este conflicto sólo se entiende desde la perspectiva de género. En otros sectores no tan feminizados esto no pasa. Aquí mismo, en la única región pintada de rojo PSOE tras las últimas elecciones autonómicas, seguimos poniendo cada cuatro años 125 millones de euros, y permanentemente a 15.000 mujeres a precio de saldo».
